Los votantes de Arizona aprobaron una medida que convierte en un delito estatal la entrada desde un país extranjero salvo a través de los puertos oficiales de entrada.
La medida autoriza a las fuerzas de seguridad estatales y locales a detener a infractores y a los jueces del estado a ordenar su deportación. También convierte en delito estatal que una persona que ya está en el país sin permiso de residencia solicite prestaciones públicas con documentación falsa.
En el último año, los legisladores republicanos en Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes de migración.
En cada caso, las cortes federales han frenado los esfuerzos de aplicarlas. La iniciativa de Arizona no entrará en vigencia de inmediato porque estipula que los infractores no pueden ser procesados hasta que una ley similar en Texas o en otro estado lleve en vigencia 60 días consecutivas.
Con la aprobación de la Propuesta 314, Arizona se convierte en el último estado en poner a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la migración ilegal.
Arizona, el único estado indeciso en la batalla presidencial en la frontera con México, no es ajeno a la amarga división sobre política migratoria.
Desde principios de los años 2000, la frustración por la aplicación federal de la ley en la frontera ha inspirado un movimiento para involucrar a los departamentos de policía locales en la aplicación de la ley de inmigración, que tradicionalmente recaía en el Gobierno federal.
