En una polémica decisión, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por segunda vez un aumento al impuesto de bebidas alcohólicas, elevándolo del 3% al 4.5%. Esta medida ha generado gran malestar entre los empresarios del sector, quienes aseguran que no se tomó en cuenta su opinión antes de aprobarse, lo que ha desatado una ola de críticas y preocupación por el impacto económico en la industria.
Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac), expresó su inconformidad, destacando que la medida fue tomada de manera sorpresiva y sin previo aviso. “Parece que lo hacen a escondidas, no están considerando el impacto económico que esto tendrá. El sector restaurantero ya venía lidiando con un inicio de año complicado, y este aumento solo agrava la situación”, comentó.
Aunque el incremento se aplica exclusivamente a las bebidas alcohólicas, el sector restaurantero es el más afectado, ya que este aumento se refleja en el precio final que pagan los consumidores, quienes, según Espinosa, también están atravesando por una difícil situación económica en el inicio del año.
Ante esta medida, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac) anunció que se amparará ante la nueva ley, buscando que los tribunales analicen si el aumento al impuesto es legal o si vulnera los derechos de los empresarios del sector. La solicitud de diálogo con las autoridades fue rechazada, y en su lugar, los restauranteros se encontraron con un aumento impositivo sin previo acuerdo.
El ajuste fiscal fue aprobado durante una sesión extraordinaria del Congreso, argumentando que servirá para incrementar la recaudación del Estado y para alinear el impuesto local con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) federal. Sin embargo, tanto empresarios de bebidas alcohólicas como de bares, antros y discotecas, expresaron su desacuerdo con la decisión, señalando la falta de consulta previa.
En resumen, la medida sigue generando un fuerte debate en el estado, con la industria restaurantera buscando soluciones legales ante lo que consideran una imposición injusta y perjudicial para su desarrollo económico.
