La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales debe abordarse con realismo económico, diálogo y gradualidad, advirtió Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí.
En entrevista, Ortuño Díaz Infante subrayó que imponer esta medida sin consultar al sector empresarial y con fines políticos, podría tener efectos adversos severos, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que componen una parte fundamental de la economía nacional.
“Esta construcción debe darse con diálogo y gradualidad”, enfatizó. “En la realidad que vivimos millones de pequeños empresarios, esto puede significar pérdida de empleos, crecimiento de la informalidad y debilitamiento de sectores estratégicos”.
El dirigente señaló que la informalidad laboral ya supera el 54% en México, una cifra alarmante que, según dijo, no ha sido enfrentada con políticas efectivas por parte del gobierno, el cual —por el contrario— ha perjudicado al sector formal con reformas que se han impulsado sin tomar en cuenta al empresariado.
Ortuño advirtió que las empresas con entre 3 y 8 empleados serían las más afectadas por una reducción de jornada sin acompañamiento de incentivos a la productividad, pues tendrían que contratar más personal para mantener operaciones, lo que implicaría mayores costos laborales y, en consecuencia, un impacto directo en el precio final para los consumidores.
“No es viable que una empresa con menos de ocho empleados sobreviva con esta reforma, tal como está planteada”, sentenció.
Desde Coparmex, el llamado fue a revisar con seriedad y responsabilidad los escenarios reales de aplicación, considerando las condiciones particulares del mercado laboral mexicano, antes de avanzar con una reforma que —aunque bien intencionada— podría afectar la competitividad, el empleo y la estabilidad económica del país.
