La diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió su propuesta de reforma que busca tipificar como delito de “privación ilegal de la libertad” el internamiento involuntario de personas en centros de salud mental y clínicas de rehabilitación, aclarando que la iniciativa aún se encuentra en fase de análisisy no ha sido dictaminada por las comisiones legislativas correspondientes.
La legisladora explicó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y que su discusión está pendiente porque requiere de consultas y diálogo con especialistas y actores involucrados.
“Es para reglamentar a las clínicas de rehabilitación, en donde se han suscitado accidentes, donde inclusive hay jóvenes que han perdido la vida por los tratos inhumanos que se les ha dado”, expresó.
Aradillas recordó que ha presentado dos iniciativas relacionadas con salud mental y adicciones, una de ellas ingresada hace aproximadamente seis meses, y destacó que el principal problema en estos espacios es la falta de regulación.
“Muchas clínicas operan sin permisos, sin personal capacitado, y están instaladas incluso cerca de escuelas. Lo que buscamos es dar atribuciones claras a autoridades municipales y estatales para supervisar y normar estos lugares”, agregó.
La diputada adelantó que el próximo miércoles se realizará una reunión con directores de clínicas de rehabilitaciónpara explicar el fondo de la propuesta y disipar dudas sobre su intención.
No obstante, la iniciativa ha generado controversia, ya que directores de centros de rehabilitación, padres y madres de familia, así como algunos usuarios, han expresado que el internamiento por parte de familiares no debería considerarse un delito, especialmente cuando se trata de personas con adicciones severas que no tienen la capacidad de decidir por sí mismas sobre su salud mental o física.
Ante estos señalamientos, Aradillas reiteró que la propuesta no busca criminalizar la intervención familiar, sino evitar abusos, internamientos forzados sin criterios médicos y condiciones inhumanas dentro de las clínicas, muchas de las cuales operan fuera de todo marco legal.
“Estas iniciativas nacen de la preocupación legítima de la ciudadanía. No se trata de obstaculizar el tratamiento de las adicciones, sino de garantizar que se haga con respeto a los derechos humanos y bajo criterios profesionales”, puntualizó.
