En las primeras 24 horas después de que Donald Trump ganara su segundo mandato, la ONG Rainbow Railroad recibió 1,177 solicitudes de ayuda provenientes de Estados Unidos. Un 51 % de ellas eran de personas trans. “Ha sido el mayor número recibido en un solo día procedente de un mismo país”, asegura Timothy Chan, portavoz de la organización.
Esta avalancha de peticiones —que incluso superó las cifras del pico de crisis en Afganistán en 2021— ilustra una realidad cada vez más alarmante: las personas trans en Estados Unidos enfrentan un creciente clima de persecución y miedo, lo que ha motivado a cientos a buscar asilo en Canadá. Es el caso de Hannah Kreager, joven de 22 años originaria de Arizona, quien decidió dejar su país y conducir más de 1,600 kilómetros hasta Calgary, en la provincia canadiense de Alberta.
“Están borrando nuestra existencia”, afirma. El detonante para tomar esa decisión fue un cúmulo de amenazas políticas: iniciativas para tipificar como delito el cambio de género en documentos oficiales, restricciones al derecho al voto, e incluso rumores sobre la posible imposición de la ley marcial.
Desde su regreso al poder, Trump ha firmado al menos 12 órdenes ejecutivas anti trans. Durante su campaña prometió castigar a médicos que brinden tratamientos de afirmación de género, prohibir la participación de mujeres trans en deportes femeninos y revocar múltiples protecciones legales a la comunidad LGBT. Según Trans Legislation Tracker, 2025 ya es un año histórico por el volumen de legislación restrictiva a nivel federal.
Kreager no quiso esperar a ver cómo esas políticas se aplicaban. “Escuché casos de personas a quienes les trituraban el pasaporte por tener un marcador de género X. Yo no iba a correr ese riesgo”, explica. Hoy vive con una amiga en Calgary y, aunque enfrenta incertidumbre laboral y migratoria, dice sentirse más segura: “Prefiero empezar de cero en otro país que seguir sintiendo esa oscuridad todos los días”.
La demanda de asilo por parte de personas trans estadounidenses no solo ha crecido en organizaciones como Rainbow Railroad, sino también en despachos de abogados especializados en inmigración. Adrienne Smith, fundadora de Smith Immigration Law, asegura haber recibido múltiples consultas desde la reelección de Trump. “Nos hablan de falta de atención médica, miedo a perder sus documentos, o funcionarios que les niegan servicios. El ambiente de persecución es real”, dice.
Sin embargo, el camino legal no es sencillo. A pesar del historial de Canadá como país de acogida para refugiados LGBT, el sistema exige que se demuestre que el Estado de origen no puede o no quiere proteger a la persona, y que no existe una alternativa segura dentro del país. “Esa es la parte más difícil para ciudadanas estadounidenses, porque EE. UU. sigue considerándose una democracia funcional”, explica Smith.
Además, la llamada “alternativa de huida interna” —por ejemplo, mudarse a estados como California o Nueva York, donde existen leyes más progresistas— es otro argumento que podría jugar en contra de las solicitudes. “Pero hay que mirar más allá de las leyes y ver cómo se están aplicando realmente, si las personas pueden ejercer sus derechos sin temor”, advierte.
Yameena Ansari, abogada de Kreager en Canadá, considera que su caso es representativo de una amenaza estructural. “Mi clienta no puede votar, no puede cambiar sus documentos sin miedo a perderlos, y ya no se siente segura en su país. Eso debería bastar para otorgarle protección internacional”.
La situación legal de Kreager aún no se ha resuelto, pero ella tiene esperanzas: “Quiero que este caso siente precedente para que otras personas trans también puedan salir de EE. UU.”.
Mientras tanto, organizaciones como Rainbow Railroad reportan un aumento del 994 % en las solicitudes de ayuda provenientes de territorio estadounidense en lo que va del año. Para muchos, ese dato no es solo una cifra, sino una señal clara de que la comunidad trans vive, de nuevo, un exilio forzado.
