El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó cancelar el registro de Verónica Pilar Castillo, quien había resultado electa como jueza del sistema de oralidad penal en San Luis Potosí, por no haber entregado su informe de gastos de campaña, una obligación fundamental establecida por la legislación electoral.
La consejera Carla Humphrey informó que, a nivel nacional, 86 aspirantes omitieron presentar su reporte financiero, y entre ellos 11 ganaron en las urnas, como en el caso de la potosina Castillo. Debido a esta falta, el INE ordenó revocar sus registros, impidiéndoles asumir los cargos para los que fueron electos.
La sanción busca preservar la integridad del modelo electoral, la equidad en la contienda y la confianza ciudadana, según explicó Humphrey. “Si no hay informe, no puede haber fiscalización. Y si no se rinden cuentas, no puede sostenerse legítimamente una aspiración al cargo”, señaló durante la sesión del Consejo General.
Verónica Pilar Castillo fue electa para un cargo judicial clave en el nuevo sistema penal acusatorio, y su remoción representa un revés relevante para el Poder Judicial local.
La situación se replica en otras entidades:
- En la Ciudad de México, se canceló el triunfo de Silvia Cordero Navarrete, electa jueza familiar.
- En Tlaxcala, el sancionado fue Jesús Ruiz Ramírez, electo juez penal.
- En Chihuahua, la jueza de menores infractores Herelia Viridiana Valdez Valenzuela también fue inhabilitada.
- En Quintana Roo, perdió su lugar Manuel Ayuso Osorio, quien sería magistrado.
En el caso de Valdez Valenzuela, el INE documentó también su negativa a enviar su información para la plataforma ciudadana Conóceles, lo cual suma otra omisión a su expediente.
El INE recalcó que la sanción es legal, proporcional y necesaria, además de advertir que la rendición de cuentas no es optativa, sino una obligación esencial para ejercer un cargo público.
