Florida, uno de los principales destinos para el retiro en Estados Unidos, enfrenta una crisis silenciosa que amenaza el bienestar de su creciente población adulta mayor. Las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump —como la cancelación de permisos humanitarios y las restricciones al Estatus de Protección Temporal (TPS)— están desmontando, pieza por pieza, la estructura que sostiene el sistema de cuidados: la fuerza laboral inmigrante.
En el sur de la península, donde se concentra casi un tercio de los trabajadores dedicados a la atención geriátrica en todo el estado, el impacto ya es devastador. Franquicias, residencias y centros de atención domiciliaria reportan despidos, pérdida de personal clave y una creciente dificultad para reclutar nuevos cuidadores. ¿La causa? Muchos de quienes mantenían en pie estos servicios han perdido sus permisos laborales o viven bajo el temor constante de ser deportados.
Una red de cuidados sostenida por migrantes
Según cifras de LeadingAge, organización que agrupa a entidades sin fines de lucro dedicadas al cuidado de personas mayores, los inmigrantes representan el 31% del personal de atención domiciliaria y el 21% en residencias geriátricas a nivel nacional. En algunos centros de Florida, ese porcentaje alcanza hasta el 75%.
En ciudades como Miami y Boca Ratón, buena parte de estos empleados eran beneficiarios de programas como el parole humanitario CHNV o el TPS, ambos revocados o en proceso de vencimiento tras medidas federales recientes. En abril, la administración Trump retiró estas protecciones a cientos de miles de haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
“El resultado es un agravamiento de la escasez de personal que ya veníamos arrastrando. No se trata solo de números: hablamos de personas comprometidas que hoy ven amenazada su estabilidad legal y laboral”, alertó Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, en una carta al Departamento de Seguridad Nacional.
La deshumanización del cuidado
Más allá del impacto en el empleo, las consecuencias son tangibles en la vida diaria de los adultos mayores. Un estudio del Pension Research Council, de la Universidad de Pensilvania, advierte que la falta de personal ha derivado en un aumento del uso de medicamentos antipsicóticos como método de control, una práctica asociada con la negligencia institucional.
“Restringir aún más el acceso de inmigrantes a estos trabajos nos empuja a normalizar el abuso por omisión. Estamos hablando de vidas humanas”, sostuvo Jong Myeong Lim, investigador de la Universidad de Miami.
Voces desde la trinchera
Esmeralda Vigay, gerente de la franquicia Home Instead en Miami, explicó que varios de sus cuidadores han tenido que dejar sus puestos por falta de papeles. “Muchos pacientes pierden al cuidador con el que habían generado un vínculo de años”, lamentó.
En Homestead, Leiza Rodríguez, propietaria de un centro de cuidados, se enfrentó a la pérdida de uno de sus empleados clave —el conductor del transporte diario— por la cancelación de su permiso laboral. “No solo fue un golpe económico, fue devastador para la dinámica del centro y para los usuarios”, dijo.
El SEIU, el mayor sindicato de trabajadores de la salud en EE.UU., alertó que estas medidas amenazan a quienes han sido esenciales durante décadas pero siguen siendo invisibles. “Ellos son la columna vertebral de nuestra economía del cuidado”, enfatizó Leslie Frane, vicepresidenta del sindicato.
¿Quién cuidará de ellos?
En Estados Unidos, 10 mil personas cumplen 65 años cada día. La demanda por servicios de cuidados de largo plazo crece a un ritmo vertiginoso, pero la política migratoria no responde a esa realidad. Los salarios bajos —entre 14 y 15 dólares por hora en promedio— tampoco ayudan a atraer mano de obra local.
Esta es, en el fondo, una crisis de visión. El gobierno ha cerrado las puertas a quienes hacen posible el funcionamiento del sistema sin proponer una alternativa sostenible. Mientras tanto, el país envejece.
“Este problema tiene efectos inmediatos y consecuencias a largo plazo. Si ya no hay quién cuide… ¿quién va a llenar esa brecha?”, cuestiona Sloan. Lo que está en juego no es solo el estatus migratorio de miles de trabajadores, sino la dignidad y calidad de vida de millones de adultos mayores en Estados Unidos.
