La vida cotidiana en Sinaloa transcurre desde hace casi 16 meses bajo la lógica de la violencia. Desde que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, el día a día se ha convertido en un campo minado donde cualquier trayecto puede ser el último.
El martes 13 de enero, alrededor de las 16:40 horas, Fernando Alan Cháidez, de 24 años, y una joven que lo acompañaba en su automóvil rumbo al gimnasio, quedaron atrapados en una lluvia de balas en una zona céntrica y transitada de Culiacán. Él murió en el lugar; ella resultó herida. Los disparos provinieron de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes presuntamente confundieron el vehículo de la pareja con el de un grupo criminal al que perseguían.
Fernando Alan acababa de concluir la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizaba su servicio social en el Poder Judicial local. Su único “error” fue circular por el sitio equivocado en el momento equivocado.
El caso recordó de inmediato otro episodio ocurrido en mayo en Badiraguato, donde Alexa y Leidy, dos niñas de 7 y 11 años, murieron por disparos de militares en una presunta confusión similar. Ambos casos comparten patrones inquietantes: agentes de la Sedena involucrados, víctimas civiles sin relación con el crimen organizado y un silencio institucional que solo se rompe cuando los cuestionamientos se vuelven inevitables.
En Badiraguato, 12 militares permanecen presos; en el caso de Culiacán, hasta ahora no se ha informado si hay responsables detenidos. La respuesta oficial se ha limitado a señalar que “hay investigaciones en curso”.
La indignación creció este fin de semana, cuando familiares y amigos de Fernando Alan marcharon por las calles de Culiacán para exigir justicia. Su padre, Bryan Humberto Cháidez, explicó que su principal demanda es limpiar el nombre de su hijo y que los responsables enfrenten consecuencias. “Eso no fue un error”, dijo en entrevista. “Voy a llegar hasta lo último para que a mi hijo se le haga justicia”.
La exigencia de limpiar su nombre se volvió urgente luego de que, en las primeras horas tras el ataque, versiones extraoficiales difundidas en redes sociales y algunos medios sugirieran que dentro del automóvil se habían encontrado armas, insinuando una posible relación con los hechos. Días después, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aclaró que las armas estaban en el vehículo de los presuntos criminales, quienes durante la persecución arrojaron ponchallantas para huir.
Ese detalle es clave. Fernando Alan habría frenado al encontrar los artefactos en el asfalto, lo que habría detonado los disparos de los militares. “Él se paró para evitar los alambres”, relató su padre, quien también denunció la falta de atención y acompañamiento institucional tras el asesinato.
“Ya no se puede salir tranquilo”, expresó Humberto Cháidez. “Queremos, al menos, el Culiacán que no era tan violento. En el último año y medio ha estado peor. Nos estamos llevando a justos por pecadores”.
Desde septiembre de 2024, cuando comenzaron los enfrentamientos entre facciones vinculadas a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, la violencia se ha intensificado en Sinaloa. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, cerca de 2 mil 500 personas han sido asesinadas y casi 4 mil permanecen desaparecidas.
En ese contexto, la muerte de Fernando Alan Cháidez se suma a una lista cada vez más larga de víctimas civiles atrapadas entre la violencia criminal y las fallas de quienes, en teoría, deberían protegerlas.
