Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado apenas ha recaudado el cinco por ciento de los ingresos proyectados por el impuesto a la emisión de gases contaminantes, conocido como “impuesto verde”, lo que refleja un bajo nivel de cumplimiento por parte del sector empresarial. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la administración estatal prevé obtener 60 millones de pesos por este gravamen a lo largo del año; sin embargo, en los primeros tres meses únicamente se han recaudado 3 millones de pesos.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona atribuyó este rezago a la negativa de diversas empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales y a la falta de cultura ambiental en algunos sectores productivos, al señalar que, aunque existen compañías que sí atienden las disposiciones, persisten casos de incumplimiento que impactan directamente en la recaudación y en el control de emisiones contaminantes.
El mandatario vinculó esta problemática con situaciones recientes en la zona industrial, donde incidentes como el incendio registrado evidencian fallas en el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la supervisión y las sanciones. En ese sentido, adelantó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) trabajará de manera coordinada con Protección Civil para endurecer las revisiones, no solo con medidas punitivas, sino también mediante la elaboración de mapas de riesgo que permitan identificar zonas y empresas con mayores niveles de vulnerabilidad.
El bajo desempeño en la recaudación del impuesto verde abre un nuevo frente para el gobierno estatal, que enfrenta el reto de hacer cumplir la normativa ambiental en un contexto donde la actividad industrial es uno de los principales motores económicos, pero también una fuente significativa de emisiones contaminantes. La situación plantea un dilema entre el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental, en el que la falta de cumplimiento por parte de algunas empresas podría derivar en mayores controles y presión regulatoria en los próximos meses.
