El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el Cártel de Sinaloa, en un caso que escala a nivel internacional y abre un nuevo frente político y judicial para México.
De acuerdo con la acusación estadounidense, el mandatario estatal habría mantenido vínculos con la organización criminal desde 2021, año en que ganó la gubernatura. Las autoridades norteamericanas sostienen que existió colaboración con el grupo delictivo —particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”— para facilitar operaciones de tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
El documento señala que, durante el proceso electoral, presuntamente se habría pactado apoyo político a cambio de protección institucional. Entre las acusaciones, se incluye que operadores políticos habrían sido intimidados, secuestrados o presionados para alterar el desarrollo de la jornada electoral, en un contexto ya documentado por episodios de violencia en distintos municipios del estado.
Según la versión de Washington, el acuerdo habría implicado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en posiciones clave dentro del aparato de seguridad estatal, así como la presunta instrucción de brindar protección a cargamentos de droga. A cambio, se habrían recibido recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.
El caso también menciona a otros actores políticos y de seguridad, incluyendo legisladores y autoridades locales, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere una posible red de colaboración institucional.
Tras la difusión de estos señalamientos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó pruebas formales antes de considerar cualquier procedimiento legal, como una eventual solicitud de extradición. Por su parte, Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como un ataque político, al tiempo que defendió la legitimidad de su triunfo electoral.
El contexto de estas acusaciones se remonta a la elección de 2021 en Sinaloa, marcada por hechos de violencia, incluyendo el secuestro de operadores políticos, robo de urnas y presencia de grupos armados en zonas de votación. Aunque en su momento el entonces candidato negó cualquier vínculo con el crimen organizado, la nueva acusación internacional reconfigura la lectura de esos acontecimientos.
Este caso se da en un momento de alta tensión en Sinaloa, donde disputas internas del crimen organizado han derivado en episodios de violencia, desapariciones y operativos federales, lo que añade presión al entorno político y de seguridad en la entidad.
