Presentan nueva iniciativa para modificar la Ley Serrano y blindar la libertad de expresión

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Una nueva iniciativa ciudadana para modificar la denominada “Ley Serrano” fue presentada ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, mientras permanece sin dictaminar la propuesta impulsada por Artículo 19 y periodistas potosinos que busca la derogación de diversos artículos de la reforma relacionada con el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa fue promovida por Álvaro Israel Leyva Frías y plantea eliminar el artículo 272 Ter del Código Penal estatal, además de reformar el artículo 272 Bis con el objetivo de acotar los supuestos bajo los cuales podrían perseguirse penalmente contenidos generados mediante inteligencia artificial.

El documento fue entregado al Poder Legislativo y turnado para su análisis a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), instancias que emitirán opiniones técnicas sobre la propuesta.

Entre las modificaciones planteadas se establece que la autoridad deberá acreditar de manera simultánea la falsedad del contenido difundido, la existencia de dolo, un daño verificable y una finalidad ilícita específica para que pueda configurarse un delito relacionado con manipulación digital o suplantación de identidad.

El promovente argumenta que conceptos actualmente contenidos en la legislación, como “provocar alarma social” o “afectar la confianza en las instituciones”, permiten interpretaciones amplias que podrían alcanzar expresiones protegidas por la Constitución y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La propuesta también incorpora una cláusula de protección para excluir expresamente de responsabilidad penal actividades vinculadas al ejercicio periodístico, la investigación comunicativa, la crítica política, la sátira, la parodia y la creación artística.

La iniciativa surge en medio del debate generado por la aplicación de la llamada Ley Serrano y de los cuestionamientos formulados por organizaciones civiles, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, que han advertido posibles riesgos para la libertad de expresión derivados de la redacción actual de la norma.

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