La Suprema Corte de Justicia avaló hoy una reforma de 2022, que limita los gastos adicionales en que pueden incurrir los estados y municipios cuando contratan deuda pública.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte rechazó una acción promovida por senadores de Oposición, que pedían invalidar la reforma de mayo de 2022 a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Dicha reforma, derivada de una iniciativa de Morena, impuso un tope a los gobiernos locales para los costos de la contratación de deuda, de hasta 0.15 por ciento del monto del financiamiento requerido.
Los «costos adicionales» incluyen conceptos que usualmente cobran los bancos, entre ellos, comisión por apertura, comisiones por disposición y estructuración, gastos por contratación de calificadoras y honorarios por asesorías.
La oposición votó en contra en ambas cámaras del Congreso, y ante la Corte, sostuvo que este tope limita artificialmente las posibilidades de contratar deuda con las mejores condiciones de mercado, es decir, con las tasas de interés más bajas, como ordena el artículo 117 de la Constitución.
La sentencia de la Corte, presentada por el Ministro Luis María Aguilar, rechazó este argumento, y recordó que todas las contrataciones públicas, entre ellas las de deuda, deben hacerse en las mejores condiciones para el Estado.
Aguilar explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene una ecuación que deben aplicar los estados y municipios para obtener la tasa efectiva que pagarán, y una de las variables de dicha fórmula son los gastos relacionados con la contratación del crédito.
El tope de 0.15 por ciento, detalló el Ministro, no libera a las instituciones financieras de precisar en sus ofertas los gastos adicionales, y si bien ese monto podría ser insuficiente, tal hipótesis no basta para declarar que la reforma impugnada es inconstitucional.
El caso de hoy es una de las pocas impugnaciones a leyes federales que el Pleno de la Corte ha discutido este año, pues desde enero, ha estado aplazando acciones contra múltiples reformas legales del sexenio pasado, incluidas las del llamado «viernes negro» del Senado en abril de 2023.
El Pleno ha dedicado la mayoría de sus sesiones a revisar leyes estatales de importancia menor, dejando a las Salas muchos de los asuntos relevantes.
