La organización Ciudadanos Observando acusó al Congreso del Estado de impulsar reformas a la legislación en materia de transparencia sin un proceso de consulta pública suficiente, al advertir que las iniciativas podrían debilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas en San Luis Potosí.
El señalamiento se dirige a las propuestas presentadas por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Felipe Castro Barrón, para expedir las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
De acuerdo con la organización, las iniciativas fueron elaboradas sin una apertura efectiva para incorporar observaciones de especialistas, académicos, organizaciones civiles y usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ciudadanos Observando sostuvo que San Luis Potosí ya enfrenta problemas por el incumplimiento de diversos sujetos obligados en la publicación de información y por la negativa de entregar datos solicitados por la ciudadanía. En ese contexto, consideró preocupante que las reformas planteen un esquema en el que las propias instituciones resuelvan los recursos presentados en su contra.
La asociación explicó que, si una dependencia del Gobierno estatal, un ayuntamiento, el Poder Judicial o el Congreso negara información pública, la inconformidad del ciudadano sería atendida por la misma autoridad señalada.
«Quienes ocultan la información serían también quienes resolverían las inconformidades en su contra», cuestionó la organización, al considerar que este modelo favorecería la opacidad.
Asimismo, rechazó la propuesta de crear el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) como un organismo desconcentrado de la Contraloría General del Estado, al advertir que ello comprometería su autonomía al quedar subordinado al Poder Ejecutivo.
Según el análisis de Ciudadanos Observando, el titular del IPAG sería designado directamente por el gobernador, además de que las reformas ampliarían de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes de información y permitirían que las obligaciones de transparencia se actualicen de forma trimestral, en lugar de mensual.
La organización también manifestó preocupación por la falta de claridad respecto a las sanciones para funcionarios e instituciones que incumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Finalmente, recordó que los legisladores habían ofrecido abrir el análisis de las iniciativas a especialistas y organizaciones civiles, pero calificó el proceso como una simulación similar a la ocurrida durante la discusión de la denominada «Ley Serrano». Por ello, hizo un llamado al Congreso del Estado para modificar las propuestas y garantizar una discusión abierta antes de su eventual aprobación.
