Abogados fiscalistas coincidieron en que el aumento de bienes del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, resulta inexplicable a la luz de sus ingresos como servidor público.
Consideraron que la Fiscalía de Nuevo León debe realizar un dictamen de evolución patrimonial del Mandatario para conocer si realmente sus ingresos son lícitos y no derivado de actividades irregulares o «moches».
El abogado Ilan Katz consideró que a simple vista la evolución patrimonial del Gobernador Samuel García pareciera configurar un enriquecimiento ilícito.
«No necesariamente estoy acusando al Gobernador, pero lo que sí quiero decir es que se ve, parecería que estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito», consideró el especialista.
El abogado Antonio López planteó que la Fiscalía de Nuevo León deberá integrar un dictamen que no sólo debe contener información bancaria sobre el Gobernador emecista, sino también sobre las personas morales con las que mantenga relación.
«Los servidores públicos de muy alto nivel, más que traficar influencias -porque son titulares, en este caso del Poder Ejecutivo- normalmente lo que pasa son otro tipo de delitos que son muy olvidados como el uso ilegal de atribuciones y facultades», indicó el fundador del bufete Antonio López & Asociados, un despacho enfocado al Derecho Penal que se destaca por atender delitos de «cuello blanco».
«En realidad estos son los delitos fuertes para el tema de corrupción que es cuando se otorgan los contratos, las franquicias, el permiso de explotación de ciertos bienes, que obviamente dan un favoritismo a empresas o empresas fantasma, digámoslo así, y esto pulveriza la competitividad en el estado y obviamente se genera lo que comúnmente se llaman moches».
Grupo REFORMA publicó la semana pasada que 18 meses después de haber asumido el cargo, el Gobernador García adquirió un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas en San Pedro, denominada Mesa de la Corona, donde pretende construir una mansión y cuyo valor comercial estimado es de más de 700 millones de pesos.
Samuel admitió la posesión del inmueble, que es de propiedad del despacho SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, que tienen él y su padre, Samuel García Mascorro. El predio no lo compró, alegó, sino que la empresa Gentor se lo otorgó como dación de pago por servicios que prestó el despacho jurídico.
El abogado López, especialista en litigar delitos fiscales, financieros, lavado y delitos patrimoniales, recomendó para este caso un dictamen de evolución de bienes, en el cual se tomen en cuenta los factores financieros, corporativos, fiscales y estrictamente patrimoniales.
«¿Y qué hacemos? Sabes cuál es el ingreso que tiene el servidor público, cuáles son realmente los ingresos que tiene por su cargo como Gobernador en el estado y cuáles han sido sus declaraciones fiscales desde antes que entrara al Gobierno», expuso.
López abundó que el dictamen no sólo debe contener información bancaria del Gobernador, sino las sociedades en las cuales tenga intereses.
