- La Secretaría General de Gobierno podría ser la instancia encargada de las funciones de transparencia y acceso a la información pública
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de San Luis Potosí atraviesa un proceso de transformación tras la reciente reforma constitucional que modifica el modelo de transparencia en el país. En entrevista para “Ingrata Noticia”, el presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, se detalla los retos y oportunidades que este proceso representa, tanto para la ciudadanía como para el personal de la comisión. .
¿Cuál es la función primordial de la CEGAIP que ahora vive un proceso de transición ante las nuevas reformas constitucionales?
La CEGAIP, en San Luis Potosí, data de hace más de 20 años, justamente cuando se emitió la primera ley en materia de transparencia y que creó la entonces CEGAI. Posteriormente, se transformó en la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado), donde también se reguló la protección de los datos personales. Esta comisión es un órgano autónomo con autonomía financiera, pero también con autonomía de decisión. En virtud de ello, no solo conoce de primera mano las solicitudes de información pública con respecto a las actividades que desarrolla, sino que también se encarga de gestionar con todos los sujetos obligados en el estado de San Luis Potosí para que éstos garanticen los derechos de acceso a la información y protección de datos a cualquier ciudadano.
Los sujetos obligados son todos aquellos entes públicos, descentralizados, sindicatos y municipios que realizan gestión pública y manejan recursos públicos. Esta condición es la que los determina como sujetos obligados. Existe un padrón publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde se registran 255 sujetos obligados hasta la fecha. El último en ser determinado como tal fue el municipio de Villa de Pozos, creado el año pasado. Estos 255 órganos son vigilados en materia de transparencia por la CEGAIP, que también resuelve los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes cuando las respuestas a sus solicitudes de información no les son favorables o, en su caso, no se les emitió respuesta. A través de la CEGAIP, pueden acceder a un recurso de revisión para hacer valer su derecho.
Además, la CEGAIP recibe quejas contra los sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones. Su función es amplia, ya que busca garantizar dos derechos humanos fundamentales: el derecho a saber, mediante el acceso a la información, y el derecho a la protección de los datos personales. Esto implica que el ejercicio gubernamental debe apegarse a estos principios, promoviendo un estado democrático y un ejercicio público más transparente.
En febrero del año pasado, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso, a través de una reforma de simplificación administrativa, la desaparición de 10 órganos autónomos en todo el país, algunos con implicación federal y otros con implicaciones locales, como en el caso del órgano de transparencia del INAI y los órganos garantes locales.
Esta reforma fue aprobada el año pasado y publicada el 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo un proceso de transición a un nuevo modelo de transparencia. La reforma constitucional determinó un plazo máximo de 90 días para la emisión de la ley reglamentaria respectiva, misma que fue aprobada y publicada el día de ayer en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación. Esto trae como consecuencia la desaparición del INAI.
El modelo de transparencia cambia de uno autónomo a un modelo centralizado bajo el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La nueva ley establece un plazo que vence el 20 de junio para que todos los estados de la República emitan sus leyes reglamentarias respectivas. Primero, deben realizar la reforma constitucional en sus constituciones locales y, posteriormente, la reforma legal. El estado de San Luis Potosí tendrá que hacer lo propio antes de esta fecha límite.
¿Cuál es el procedimiento legal y administrativo que debe seguirse para concretar la desaparición de la CEGAIP?
El proceso implica tanto aspectos legislativos como administrativos. En la parte legislativa, la reforma constitucional establece un plazo hasta el 20 de junio, es decir, 90 días, para la expedición de la reforma constitucional local y la ley respectiva. La armonización de los órganos locales puede llevarse a cabo en cualquier momento dentro de ese plazo, ya sea en los próximos días, semanas o hasta el último momento, como ocurrió a nivel nacional. En este proceso, es previsible que el Ejecutivo local presente una propuesta de reforma, siguiendo el esquema nacional, como se ha hecho en otras modificaciones constitucionales con impacto en el estado.
Uno de los puntos clave de esta reforma es que los estados tienen la facultad de autoorganizarse en materia de transparencia, siempre que su legislación sea armónica con el nuevo sistema nacional. Es decir, el organismo resultante no necesariamente debe mantener el mismo nombre o denominación, pero sí debe cumplir con las reglas establecidas en la ley nacional. Sin embargo, la centralización del nuevo modelo ha generado preocupación, ya que los organismos garantes perderán la autonomía necesaria para resolver de manera independiente en materia de transparencia.
Desde el punto de vista administrativo, el proceso de transición se desarrollará conforme a las disposiciones que se establezcan en la nueva ley local. No es obligatorio replicar el modelo nacional, por lo que el estado podría implementar su propia versión. Por ejemplo, la normativa local determinará si se prescindirá del personal actual o si habrá un proceso de transición en el que los trabajadores sean absorbidos por la nueva estructura.
En cuanto a los bienes del organismo garante local, estos pasarán al nuevo sistema de transparencia bajo la administración del Ejecutivo estatal. Esto incluye tanto bienes muebles como la plataforma digital de transparencia, que es un activo del estado.
Además, la ley local deberá especificar el periodo de transición. A nivel nacional, se estableció un plazo de 20 días en el que los comisionados salientes, ahora convertidos en encargados de la transición, trabajarán junto con el nuevo modelo de transparencia para asegurar el cambio de funciones.
En lo que respecta a los derechos laborales del personal de la CEGAIP, estos deberán ser respetados conforme a la normativa nacional en materia de trabajo. Esto incluye el reconocimiento de su antigüedad, servicio prestado, salario y prestaciones. Dependiendo de cómo se estructure la reforma local, el personal podría ser incorporado al nuevo modelo en lugar de ser despedido.
¿Ya se ha definido qué institución o dependencia asumirá las funciones de la CEGAIP?
A nivel nacional, se determinó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, equivalente a la antigua Contraloría General, será la encargada de asumir estas funciones. Sin embargo, en el ámbito estatal no existe una Secretaría de Anticorrupción con ese modelo. La reforma constitucional establece que en los estados estas responsabilidades podrían ser asumidas por las contralorías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso de los municipios, estos quedarían integrados en el nuevo sistema bajo la administración del Ejecutivo estatal.
En las reuniones sostenidas con los tres poderes, se ha discutido la posibilidad de adoptar un modelo que incluso mejore el actual, buscando que la simplificación administrativa realmente se materialice. El objetivo es evitar que las instituciones tengan que realizar inversiones adicionales en infraestructura y personal para adaptar el sistema de transparencia.
Si se aplicara la reforma nacional sin modificaciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial estarían obligados a crear dentro de sus contralorías u órganos de control interno áreas específicas encargadas de la transparencia, lo que implicaría un costo significativo. Por ello, se está explorando un modelo global que permita una mayor eficiencia administrativa.
Hasta ahora, se ha planteado que el nuevo sistema quede sectorizado dentro del Ejecutivo estatal, aunque aún no se ha definido con certeza en qué área específica. Las discusiones han sugerido que la Secretaría General de Gobierno podría ser la instancia encargada, dado que se trata de un tema relacionado con la gobernanza, la transparencia y el buen gobierno. No obstante, la decisión final dependerá de lo que establezca la normativa local.
¿Cuántos trabajadores tiene la CEGAIP en San Luis Potosí?
La CEGAIP cuenta con 56 trabajadores. Lo que sí se puede afirmar de antemano es que, con la armonización de la reforma, la figura de los comisionados desaparecerá, lo que implica la eliminación del pleno encargado de emitir resoluciones.
Según lo establecido en la reforma, se busca reemplazar esta estructura por un titular único. Aunque existen diferencias que deberán definirse en la aplicación de la ley, en términos generales, la normativa mantiene muchos aspectos esenciales de la transparencia.
Los recursos, figuras y modelos siguen presentes en el nuevo sistema de transparencia; sin embargo, la principal diferencia radica en la pérdida de autonomía, ya que el organismo quedará sectorizado dentro del Ejecutivo estatal.
Respecto al personal, con excepción de los comisionados, se ha planteado la posibilidad de integrarlos en el nuevo modelo. Se trata de un equipo altamente capacitado, con el cual incluso se ha trabajado en la transición hacia el nuevo sistema a nivel local.
¿Hasta este momento se pueden descartar las liquidaciones?
No se ha hablado de llevar a cabo un procedimiento de retiros voluntarios ni de liquidaciones. Este tema no se ha abordado, ya que se espera—y cualquier ciudadano debe recordar que tiene la facultad de promover una iniciativa de ley a nivel local—que cualquier propuesta en materia de transparencia sea analizada con detenimiento.
Sin embargo, hasta ahora, ni a nivel local ni en la CEGAIP, ni en los acercamientos con los tres poderes del Estado, se ha discutido oficialmente sobre este tema.
Lo que sí se ha considerado es la posibilidad de que el personal existente, altamente capacitado, pueda continuar desempeñando sus funciones dentro del nuevo modelo de transparencia. En caso contrario, estas 56 personas, con amplia experiencia en la materia, podrían ser integradas en otras áreas de transparencia dentro de los diferentes órganos de gobierno.
El objetivo principal es que la transición hacia el nuevo sistema se realice respetando los derechos laborales del personal y aprovechando su experiencia en beneficio de la administración pública.
En otras entidades, los comisionados incluso optaron por amparos. ¿En su caso, optó por esta salida?
No, no se ha buscado. Hay que recordar que esto es una reforma constitucional. Entonces, para todo hay tiempo. Y para la reforma a nivel federal, que también tiene implicaciones, en el caso de los comisionados, pues al momento ninguno de los tres hemos optado por una parte legal. Yo tengo 9 meses en el cargo, al igual que otra de mis compañeras, que fue electa para un año; un servidor fue electo para 4 años. O sea, hay una expectativa de derecho, pero no se busca. De hecho, nosotros lo que hemos estado buscando más que nada es abonarle al tema de la transparencia, pero sobre todo buscando acercar este nuevo sistema a la ciudadanía. Tenemos en San Luis Potosí una oportunidad histórica. Yo lo he dicho incluso en mi reciente presentación del informe anual. Tenemos la oportunidad histórica de transitar, y si nosotros, como titulares de los órganos, podemos abonarle desde esa medida, creo que lo podemos hacer. Y por parte del personal, obviamente, hay inquietud, hay mucha inquietud de qué va a suceder con sus derechos laborales. En su gran mayoría, pues es gente que conoce sus derechos y, por supuesto, que no están sujetos a nuestra voluntad. Más bien, es un ejercicio de una acción que ellos pueden hacer en algún momento dado si consideran que se les han violado. Pero con respecto a los comisionados, hasta ahora no existe esa inquietud.»
¿Cuál es el mensaje que le daría a la ciudadanía?
La Cegalip sigue funcionando y lo seguirá haciendo hasta el último día que la ley local lo determine. Y el mensaje, bueno, pues es enviar a la ciudadanía este mensaje en el sentido de que puede seguir trabajándose en sus resoluciones.
En este caso, yo estaré la siguiente semana, el día 26, presentándome ante el Congreso para el uso del órgano respectivo, donde haré notar, bueno, el ejercicio de un año, pero sobre todo también de 9 meses y 6 meses de 2024 de un servidor al frente de un órgano que desafortunadamente venía arrastrando un lastre de un rezago muy importante que hemos podido sacar y que, sobre todo, hemos puesto al día de cara a este proceso de transición.
Y también al personal, decir que, pues, hasta donde está en las manos de un titular y de los titulares comisionados, haremos todo lo posible para salvaguardar sus derechos laborales. Justamente en eso se trabaja con el poder ejecutivo para salvaguardar estos derechos y, sobre todo, también para la ciudadanía».
