Las filtraciones de documentos internos del Congreso del Estado continúan sin responsables identificados ni sanciones, pese a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había planteado investigar a asesores y personal legislativo por la difusión anticipada de información reservada.
El presidente de la Jucopo y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, reconoció que hasta el momento no se ha registrado ningún despido relacionado con estos hechos.
El legislador explicó que siguen revisándose los mecanismos internos para determinar cómo han sido difundidos documentos legislativos antes de su discusión y votación en el Pleno del Congreso.
Entre los proyectos filtrados se encuentran iniciativas relacionadas con reformas en materia electoral y modificaciones a los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Serrano Cortés señaló que algunos de los documentos difundidos correspondían a versiones preliminares susceptibles de cambios antes de su aprobación definitiva. No obstante, aunque anteriormente había advertido que se investigarían posibles actos de deslealtad por parte de asesores y trabajadores del Poder Legislativo, en esta ocasión no informó avances en las indagatorias ni la imposición de responsabilidades administrativas.
«Siguen los compañeros revisando, vamos a mantener no solamente los mecanismos para garantizar que la información sea fidedigna, sino también para que todos tengamos la protección de nuestra posición. La información puede hacerse pública en el momento de las sesiones, pero previo a ello las exposiciones de motivos siguen siendo potestad de los diputados hasta que no se presentan en un dictamen o en la tribuna», declaró.
El presidente de la Jucopo indicó que se reforzarán los mecanismos internos para proteger la información legislativa hasta que los asuntos sean presentados formalmente ante el Pleno, momento en que adquieren carácter público.
Asimismo, consideró necesario fortalecer la profesionalización de los asesores jurídicos del Congreso con el propósito de evitar errores, confusiones y posibles filtraciones durante el proceso legislativo.
