La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga actualmente un caso de interrupción del embarazo presuntamente realizado fuera del plazo legal permitido en San Luis Potosí, informó su titular, María Manuela García Cázares.
La fiscal explicó que la legislación estatal establece sanciones cuando una mujer interrumpe voluntariamente su embarazo, o consiente que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de gestación, conforme al artículo 148 del Código Penal del Estado.
En ese sentido, señaló que corresponde a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí verificar que los procedimientos de interrupción legal del embarazo se realicen dentro del periodo permitido por la ley.
“La Secretaría de Salud tiene que corroborar que efectivamente la persona tenga menos de 12 semanas de embarazo para la práctica del aborto”, declaró.
Aunque cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan cinco carpetas relacionadas con aborto durante los primeros cuatro meses de 2026, García Cázares precisó que la Fiscalía solo mantiene abierta una investigación por un procedimiento realizado fuera del límite legal.
Detalló que este caso fue remitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social para su análisis.
En contraste, los Servicios de Salud estatales reportaron recientemente un incremento en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en la entidad. De acuerdo con la directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez, entre enero de 2025 y abril de 2026 se realizaron 368 procedimientos legales.
Del total, 255 correspondieron a 2025, mientras que entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 113 interrupciones legales del embarazo.
Desde marzo de este año, derechohabientes del IMSS en San Luis Potosí también pueden acceder a servicios de aborto legal, ampliando el acceso a este derecho en la entidad.
