El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona atribuyó a recortes y desfases en las ministraciones federales el hecho de que en 2024 no se entregaran completos los recursos a instituciones educativas. Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los impagos corresponden a aportaciones del orden estatal. Igual que en 2023, cuando no se erogaron 223 millones de pesos a nueve instancias de educación media superior y superior, en 2024 el Gobierno del Estado tampoco cumplió con la entrega convenida de 219 millones 458 mil pesos.
Previo a un evento de entrega de equipo agrícola, el mandatario aseguró que a San Luis Potosí se le asignaron 68 mil 800 millones de pesos y que se recibieron poco más de 68 mil millones, por lo que “fueron las instituciones educativas las que no les llegó el dinero”. Añadió que las partidas a organismos como Cecyte y la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí llegan etiquetadas y no se redirigen.
Consultada la cuenta pública 2024, la ASF detectó que la entidad debe aclarar 10 millones 400 mil pesos del gasto federalizado. Gallardo Cardona primero negó observaciones y después admitió que sí existieron, aunque las calificó de administrativas, al afirmar que “ocho millones se solventaron en 15 días”.
El contraste entre la justificación del Ejecutivo y los hallazgos de la auditoría federal reabre el debate sobre la puntualidad en las transferencias estatales hacia las universidades y subsistemas, así como la necesidad de reglas claras y transparencia para evitar que los planteles enfrenten presiones operativas por flujos incompletos en cierre de año.
