La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró sus críticas al informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que advierte que las desapariciones en el país podrían constituir un crimen de lesa humanidad, al asegurar que el documento tiene un enfoque político y no reconoce los esfuerzos del Gobierno federal.
“Estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito”, afirmó la mandataria, al insistir en que la mayoría de las desapariciones son cometidas por organizaciones criminales y no por el Estado.
Sheinbaum sostuvo que el análisis del comité internacional no refleja la situación actual del país, al considerar que se basa en casos de años anteriores y en un número limitado de entidades.
Además, advirtió que el documento busca llevar el tema a la Asamblea General de la ONU con una intención política. “Es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México”, declaró.
El informe del CED sostiene que en México existen más de 133 mil personas desaparecidas y que persisten condiciones estructurales como la impunidad, la crisis forense y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.
El organismo también señala que, aunque no necesariamente existe una política estatal para cometer desapariciones, sí hay omisiones, falta de prevención y casos documentados donde funcionarios han participado directa o indirectamente.
El Gobierno federal ha defendido que el fenómeno de las desapariciones se originó en contextos de violencia vinculados al crimen organizado, particularmente desde la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006.
En contraste, el comité de la ONU advierte que la narrativa centrada únicamente en el crimen organizado puede simplificar el problema y dejar fuera la posible responsabilidad institucional en algunos casos.
El posicionamiento del Gobierno ha generado nuevas tensiones con organismos internacionales y colectivos de búsqueda, quienes han cuestionado la descalificación del informe.
Especialistas señalan que la evaluación del CED no representa una condena, sino un diagnóstico que podría abrir la puerta a apoyo internacional para atender la crisis.
Mientras tanto, el debate continúa entre el reconocimiento del problema, la interpretación de sus causas y las estrategias necesarias para enfrentar una de las crisis de derechos humanos más profundas en el país.
