Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el contrabando de hidrocarburos han permitido establecer vínculos entre al menos cuatro grandes redes dedicadas al llamado huachicol fiscal, las cuales operaban por vías marítimas y ferroviarias mediante empresas, operadores logísticos y presuntos servidores públicos, según información difundida por el diario El País.
La más reciente de estas investigaciones involucra a la empresa Ingemar, relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. De acuerdo con la FGR, dicha compañía habría participado en la importación irregular de combustible mediante ferrotanques y camiones cisterna que ingresaban al país declarando únicamente una fracción de la carga que realmente transportaban.
Las indagatorias también identifican la participación de la empresa Servicios Aduanales JR, propiedad de Armando III Riestra Fernández, quien permanece recluido en el Penal del Altiplano desde enero de 2026 por otra investigación relacionada con el ingreso ilegal de hidrocarburos a través de la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Según la Fiscalía, esta empresa habría gestionado la importación irregular de alrededor de 144 millones de litros de combustible entre junio de 2024 y julio de 2025, declarando el producto como solución de cloruro de calcio para evitar el pago de impuestos. En esta causa también se investiga la presunta participación de tres mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que actualmente se encuentran prófugos.
La investigación federal también vincula a la empresa estadounidense Hevi Logistics, señalada por enviar cargamentos declarados como solución de cloruro de calcio y aditivos para aceites lubricantes, los cuales, según las autoridades, en realidad correspondían a combustibles que ingresaban de manera irregular a territorio mexicano.
Otro de los expedientes se originó con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, caso que permitió a las autoridades ampliar las investigaciones hacia una presunta red encabezada por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, identificados como marinos de alto rango y familiares políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Dentro de esa misma investigación aparece la empresa Mefra Fletes S.A. de C.V., señalada por la FGR como una de las responsables del transporte terrestre del combustible presuntamente introducido de manera ilegal. Entre sus socios figuró Roberto Blanco Cantú, conocido como «El Señor de los Buques», quien permanece prófugo desde septiembre de 2025.
Las autoridades sostienen que, pese a los aseguramientos y detenciones realizadas durante el último año, existen indicios de que las redes de contrabando de hidrocarburos continúan operando. De acuerdo con información citada por El País, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recibido 160 reportes de operaciones sospechosas relacionadas con posibles esquemas de contrabando de combustible, con un valor estimado de 7 mil millones de dólares.
La FGR mantiene abiertas las investigaciones y ha reiterado que todas las personas señaladas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
