Aunque decidieron no bloquear la carretera 57 como habían advertido, los Jubilados Unidos de San Luis Potosí mantienen su postura firme: si no reciben una respuesta concreta antes del 1 de agosto sobre el pago de adeudos del Fideicomiso FOPRESIR, retomarán sus protestas y podrían cerrar esta importante vialidad federal.
Juan Graciano Ramírez, vocero del colectivo, afirmó que los exdocentes han sostenido pláticas recientes con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), lo que los llevó a dar un voto de confianza momentáneo. Sin embargo, advirtió que la paciencia tiene un límite y el grupo está en “etapa de espera”, a la espera de una solución que, si no llega esta semana, derivará en nuevas movilizaciones.
“Estamos en una etapa de espera. Si no hay pago y si no hay las respuestas que estamos esperando, no le daremos más vueltas. Tomaremos la 57”, sentenció.
Los jubilados exigen el pago inmediato de mensualidades pendientes, el reconocimiento formal de los adeudos por parte del Gobierno estatal, la integración del magisterio retirado a la administración del fideicomiso y la modificación del reglamento interno para transparentar su manejo.
El llamado “Cofre G”, fondo originalmente destinado a sostener diversos pagos a jubilados, llegó a contar con hasta 2 mil millones de pesos. Sin embargo, según el colectivo, el fondo fue desmantelado de forma progresiva. “El Gobierno del Estado llegó a retener hasta 520 millones de pesos que nunca transfirió al fideicomiso. No hay registro bancario ni documentos que respalden esa transferencia”, acusó Graciano Ramírez.
La SEGE se comprometió a emitir una respuesta definitiva antes del viernes. No obstante, el colectivo asegura que no ha recibido un solo peso del monto adeudado, contradiciendo los comunicados de la Sección 26 del SNTE que afirmaban que ya se habían realizado pagos.
“Lo que dicen es falso. Tal vez dispersaron algún bono viejo o algún abono mínimo, pero eso no es lo que nos deben. La confusión solo incrementa la molestia”, reprochó.
De acuerdo con los jubilados, el último monto reconocido como adeudo era de 127 millones de pesos, pero no ha sido cubierto. Además, aseguran que existen inconsistencias entre las cifras oficiales y los registros bancarios, lo que alimenta la sospecha de malos manejos.
El grupo subrayó que su movimiento no tiene tintes políticos, sino que responde a la necesidad de recuperar derechos adquiridos tras años de servicio. “Nos quitaron lo que era nuestro, y ahora no quieren reconocerlo. No se trata de caridad, se trata de justicia”, concluyeron.
