Al contrario, las instituciones que generan más confianza son el Ejército y la Marina y las universidades, entre otros.
Los jueces y magistrados del país se ubican entre las cinco instituciones públicas que generan menor confianza entre los ciudadanos, solo por arriba de los cuerpos policiacos, los partidos políticos, los ministerios públicos y el poder Legislativo.
A pocos meses de que pueda ser aprobada una nueva reforma judicial, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que sólo 39 de cada 100 mexicanos considera que el desempeño de los jueces y ministros es bueno al momento de emitir sus sentencias en casos particulares o públicos.
En contraparte, la mayoría de los ciudadanos cree que las cortes estatales y federales son lugares donde se frecuentan diversos actos de corrupción, pues el 66.7 por ciento de los encuestados considera que las mordidas y actos preferenciales son el pan de cada día dentro del Poder Judicial.
El llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que los jueces sean elegidos por vía del voto popular, con el argumento de evitar que diversos grupos de poder se apoderen de las cortes. Incluso, la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, señaló que el Poder Judicial “se ha convertido en una oligarquía”.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) señala que los encargados de ejercer la justicia en el país presentan graves niveles de confianza en estados con una alta densidad de población como Baja California y la Ciudad de México.
En la primera entidad únicamente 27 de cada 100 personas creen que los jueces de su entidad cuentan con la calidad moral y técnica para realizar sentencias justas; sin embargo, al enfocarse a la situación que se presenta en Tijuana, la capital del estado, la confianza cae hasta el 19.8 por ciento de la población.
En la Ciudad de México apenas registran un 31.6 por ciento de aceptación a nivel local, pero en zonas como el Poniente y Norte de la capital del país el porcentaje desciende a 28.5 y 29.6 por ciento, respectivamente.
Otras entidades donde existen focos rojos en la confianza de jueces y magistrados son Chiapas, con 32.4 por ciento, y el Estado de México con 32.6 por ciento de aceptación. En contra parte, las demarcaciones que registran los mayores niveles de confianza son Nayarit (53.9%), Sinaloa (50.9%) y Coahuila (50.4%).
En cuanto a los trámites que registra el Poder Judicial, el Inegi reporta que en 16.3 por ciento de todos los procesos se presenta un tipo de cobro adicional para agilizar o favorecer algún fallo de jueces o magistrados. Dicha cifra representa una caída respecto al 20.9 por ciento que se registró en 2021.
