En medio del debate sobre la Reforma Judicial, la doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Cecilia de los Ángeles González Gordoa, compartió para Ingrata Noticia su perspectiva sobre los aspectos positivos y negativos de la Reforma Judicial.
Como especialista en Derecho, ¿cuáles son los pros y contras de la Reforma Judicial?
Veo que existe cierta confusión y resistencia hacia un cambio estructural desde el punto de vista administrativo. Según lo que establece la propuesta del Poder Ejecutivo, se contempla una reducción presupuestal interesante, ya que se elimina la pensión vitalicia de los ministros, lo cual considero positivo. Se plantea reducir el número de ministros de 11 a 9, eliminando dos salas además se propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal.
Una fortaleza de la reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano autónomo que fiscalizaría el comportamiento de los servidores públicos del Poder Judicial y el ejercicio del recurso.
Es importante aclarar que las personas que aspiren a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial Federal o Estatal deberán cumplir con ciertos requisitos, tal como lo establece la Constitución.
Por otro lado, la propuesta genera confusión entre la sociedad civil y, particularmente, en las Barras de Abogados y Colegios de Profesionistas, en relación con la consulta ciudadana planteada para el año 2025. Según la reforma, los medios de comunicación serían los encargados de proponer a los candidatos, invitando a las personas interesadas a participar en la consulta para acceder a cargos como jueces, magistrados o ministros. A nivel federal, se seleccionarían ministros de la Corte, y a nivel estatal, jueces y magistrados del Poder Judicial, dependiendo de la jurisdicción.
¿La elección de jueces, magistrados y ministros resuelve el tema de la corrupción en el Poder Judicial?
Yo creo que el Poder Ejecutivo debe ser muy claro en que el riesgo de una consulta es precisamente que personas sin antecedentes de trayectoria, honestidad, o con poca relación con el sistema de impartición de justicia puedan filtrarse. Considero que ese es un riesgo real y que, en el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, existe un órgano que podría llevar a cabo esta convocatoria y abrirla, pero la elección debería quedar en manos de foros de especialistas o profesionistas, como las barras de abogados o las personas que están inmersas en el sistema del Poder Judicial.
¿Cómo se trastoca la carrera judicial?
Existen vías en las que los abogados del Poder Judicial, tanto en materia administrativa, la Ley de Responsabilidades, como en materia laboral y la propia Ley de Amparo, cuentan con protección de sus derechos. Los trabajadores del Poder Judicial estarán amparados bajo estos medios de protección; incluso, ya se han otorgado suspensiones. No creo que la reforma implique un cambio en esa estructura. La Constitución es muy clara, tanto a nivel federal como local en todos los estados, donde se establece un capítulo completo sobre el Poder Judicial, especificando claramente los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a formar parte de este.
¿Afecta el futuro de los abogados?
Todos los cambios, de alguna manera, afectan cuando hay reformas constitucionales. Los abogados litigantes están preocupados por el cambio estructural en el sistema y la forma de hacer las cosas. Se trata de una reforma estructural desde el punto de vista administrativo que afecta el presupuesto del Poder Judicial, y obviamente habrá una reducción. Por ejemplo, la Corte de Estados Unidos tiene un costo menor. Aunque es claro que se necesitan algunos cambios, no creo que el ejercicio profesional de los abogados vaya a verse afectado directamente.
¿La politización de la reforma hizo que perdiera el sentido y exista desinformación?
Está tan politizada que quizás ya perdió su verdadero sentido. Esa sería mi conclusión; creo que hay mucha falta de información. No se han realizado los foros necesarios para que la gente esté informada sobre los cambios estructurales, y, efectivamente, se ha politizado en exceso. Como mexicanos, debemos entender que la democracia participativa genera este tipo de resultados. La gente vota y se crean contrapesos, a menudo alineados con el partido mayoritario. No es la primera vez que ocurre. La politización actual impide que las personas comprendan realmente lo que está ocurriendo con esta reforma, lo que genera incertidumbre, especialmente al plantear que la elección de jueces se realice mediante consulta popular.
