Tras cuatro días de bloqueo, los campesinos que ocupaban la Autopista México-Puebla levantaron su campamento una vez que el Gobierno aceptó atender de manera directa las negociaciones para el pago de sus terrenos que fueron expropiados para construir esa vía en los 60.
«Se acordó la apertura y el libre tránsito de la Autopista México-Puebla, así como otras cuatro vialidades por la mañana del 10 de agosto», indicó la Secretaría de Gobernación de Puebla.
«Parte de los acuerdos que formalizaron en la plática, fue que la próxima semana en mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, se atenderá de manera directa cada caso en particular o colectivo dependiendo la situación jurídica, para dar acompañamiento a sus demandas», agregó en su cuenta de X.
Jorge Portilla Alba, uno de los asesores de los campesinos del Ejido Ignacio López Rayón, indicó que el acuerdo se logró por la noche en la reunión en la Secretaría de Gobernación de Puebla, a donde fueron citados los ejidatarios.
Según el representante, también estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal.
«Se restableció el diálogo que demandábamos. Creo que al haber sensibilidad, apertura al diálogo se logra la solución de conflictos, cualquiera que este sea», dijo.
«Anoche estábamos justamente en casa del Gobierno de Puebla. Retomando los diálogos, lo que no sabíamos es que también iba a estar gente del Gobierno federal, estuvieron de la Secretaría de Gobernación y ahí de manera conjunta se lograron los acuerdos con ellos», dijo agregó Portilla.
Esta mañana se comenzó a retirar el bloqueo en los dos sentidos de la ASutopista, en la carretera federal y el Arco Norte.
La Segob de Puebla informó del acuerdo que en la reunión participaron su titular, Javier Aquino, y el encargado de la Unidad de Gobierno de la parte federal, Tonatiuh Ramírez Guevara, con abogados y ejidatarios de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.
El asesor del Ejido López Rayón, quien según la Fiscalía poblana fue denunciado por daños a la propiedad ajena y lo que resulte, aseguró que las autoridades se comprometieron a no ejercer acción contra él y contra su esposa, también asesora.
«Se habló de la denuncia y se comprometió la Secretaría de Gobernación a que no habrá persecución, que no habrá criminalización de la protesta», dijo.
