El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado inició una nueva etapa con el relevo en su presidencia. Este martes 30 de junio, la consejera Mónica Lárraga Sainz asumió la titularidad del cuerpo colegiado en sustitución de Francisco Ramos Silva, cuya permanencia en el organismo estuvo rodeada de cuestionamientos por sus antecedentes dentro del sistema judicial federal.
La nueva integración del órgano administrativo comenzó formalmente funciones tras la toma de protesta de sus integrantes ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí y el cumplimiento del protocolo legal en la sede del Poder Judicial del Estado.
Junto con Lárraga Sainz también iniciaron funciones la consejera Berenice de la Rosa Reynoso y el consejero José Alfredo Salazar Hernández, quienes conforman el órgano encargado de la administración financiera, material y humana del Poder Judicial estatal.
Durante la sesión del Pleno se declaró formalmente instalada la nueva integración del órgano colegiado. Posteriormente, la nueva presidenta sostuvo una reunión con las y los titulares de las áreas administrativas bajo su responsabilidad.
Nueva etapa para la administración judicial
El Órgano de Administración Judicial fue creado como parte de la reciente reforma judicial en San Luis Potosí y tiene entre sus principales atribuciones la administración del presupuesto, la gestión de recursos materiales y humanos, así como la implementación de procesos de digitalización y prácticas de modernización institucional.
El objetivo del organismo es fortalecer la operación interna del Poder Judicial mediante una gestión más eficiente y técnicamente especializada.
Mónica Lárraga Sainz cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y, antes de su incorporación al órgano, se desempeñaba como capturista en un juzgado mercantil del Poder Judicial del Estado.
Presidencia llega tras polémica por designación anterior
La salida de Francisco Ramos Silva ocurre luego de meses de cuestionamientos públicos por su designación como representante del Poder Ejecutivo dentro del órgano administrativo.
Ramos Silva fue destituido en 2016 por el Consejo de la Judicatura Federal tras acreditarse conductas de hostigamiento sexual contra una trabajadora del Poder Judicial de la Federación, además de irregularidades administrativas relacionadas con el nombramiento de personal.
La sanción quedó firme en 2018, luego de ser confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pese a esos antecedentes, posteriormente se integró al Gobierno del Estado como director de área en la Contraloría General y más tarde fue nombrado representante del Ejecutivo ante el Órgano de Administración Judicial.
Ante las críticas, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, defendió su nombramiento al argumentar que no existía una inhabilitación vigente que le impidiera ocupar el cargo.
Con la llegada de Mónica Lárraga y la incorporación de nuevos consejeros, el órgano administrativo busca abrir una etapa de reconfiguración institucional en medio del proceso de consolidación de la reforma judicial local.
