Se acabaron los abrazos e iniciaron las entregas de capos a Estados Unidos. El Gobierno de México ofrendó ayer a Donald Trump un grupo de 29 narcotraficantes que eran requeridos por la justicia estadounidense, entre ellos Rafael Caro Quintero, quien durante cuatro décadas fue reclamado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena.
Horas antes de que integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieran en Washington con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la imposición de aranceles ante la falta de acciones contra el narco, el Gobierno mexicano envió a los líderes criminales a territorio estadounidense en aviones de la fuerza aérea nacional.
La entrega inédita de los capos, entre quienes están los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias «Z-40» y «Z-42», líderes de Los Zetas, se hizo al margen de los procesos de extradición que cada uno de ellos enfrentaba.
Además de Los Zetas, los cabecillas pertenecen a grupos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, que recientemente fueron designados como organizaciones terroristas por la Administración de Donald Trump.
Entre los delitos que se les imputan están el tráfico a EU de cantidades masivas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, así como de actos de violencia asociados al trasiego y venta de estupefacientes.
Otros capos entregados son Antonio Oseguera Cervantes, «Tony Montana», principal operador financiero y logístico del CJNG; Erick Valencia Salazar, alias «El 85», líder de «Los Matazetas»; José Jesús Méndez Vargas, el «Chango Méndez», líder y fundador de La Familia Michoacana; y José Alberto García Vilano, «La Kena», líder del grupo de Los Ciclones.
Además de los líderes narcos, también fue trasladado Alder Alfonso Marín Sotelo, quien presuntamente asesinó a Ned Byrd, un oficial de Policía del condado de Wake, en Carolina del Norte.
«Como ha dejado claro el Presidente (Donald) Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las bandas transnacionales», dijo la Fiscal General Pamela Bondi.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluará si puede aplicar nuevos cargos y ejercer la pena capital.
«Los fiscales federales evaluarán si son apropiados cargos adicionales por terrorismo y violencia y si la pena capital está disponible con base en la Orden Ejecutiva 14164 y la guía de la Fiscal General del 5 de febrero con respecto a la pena de muerte», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
De acuerdo con lo establecido por la dependencia, seis de los 29 extraditados ya enfrentan proceso cuya pena máxima incluye la pena capital, un castigo federal que la Administración del Presidente Biden dejó de aplicar y que el Presidente Trump revivió con una nueva Orden Ejecutiva al inicio de su gestión.
Los seis extraditados contra los que ya aplicaría la pena de muerte como pena máxima según el Gobierno estadounidense son Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Alder Martin Sotelo, José Rodolfo Villarreal Hernández, Andrew Clark y Luis Geraldo Méndez Estevané, según el Departamento de Justicia.
Los presuntos criminales fueron trasladados de ocho penales federales al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de donde partieron con destino a las ciudades de Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (NY), en donde son requeridos por distintas cortes.
