La ministra presidenta Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a los principales operadores de su antecesor Arturo Zaldívar, por una denuncia que los acusa de conformar un «sistema corrupto» para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.
En virtud que el CJF no tiene facultades para indagar y sancionar a Zaldívar, Piña también instruyó remitir el caso particular del ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para darle trámite a la denuncia.
Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, esta es la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.
Un oficio emitido el pasado 9 de abril en la investigación J/108/2024, detalla que el CJF abrió este expediente con base en una denuncia anónima que acusa a Zaldívar como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial.
Pero el texto señala que uno de sus principales operadores para extorsionar y amenazar a juzgadores era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, quien según el anónimo actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, ex consejero de la Presidencia de la República.
Señala que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las áreas más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar sentencias a modo.
Otro de los investigados son Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, porque supuestamente coaccionaba y sobornaba a contratistas de Pemex para declararse en quiebra.
El CJF también ordenó investigar a Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hoy secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Lenia Batres.
A Sandoval lo denunciaron porque presumiblemente presionaba a defensores públicos para que implementaran acciones indebidas; como ejemplo, se menciona a una subordinada asignada al proceso del Caso Wallace, a quien habría instruido alegar la tortura de los acusados para conseguir su libertad a toda costa. También lo acusan de inflar las estadísticas de amparo, de hostigamiento laboral y enriquecimiento ilícito, porque presuntamente adquirió un penthouse en Santa Fe.
La denuncia identifica con nombre y apellido a 70 jueces y magistrados presionados e intimidados por los emisarios de Zaldívar, así como también a los que aceptaron participar voluntariamente en las «corruptelas» y obedecieron sus instrucciones para dictar fallos en favor de la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal.
Entre estos últimos, se señalan a los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Iván Aarón Zeferín Hernández, José Artemio Zúñiga Mendoza y el magistrado Fernando Córdova Del Valle.
De acuerdo con la denuncia, estos jugadores resolvieron los casos de la forma en que les fue señalada y a cambio obtuvieron beneficios como la total impunidad en las quejas que les instruía el CJF, cursos internacionales, licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo o asignación en juzgados estratégicos.
