La Suprema Corte de Justicia recibió tres solicitudes para pronunciarse en contra de la reforma judicial mediante una consulta directa a su Pleno, pero los expedientes fueron turnados a la Ministra Yasmín Esquivel, alineada con el Gobierno, quien no tiene plazo para presentar un proyecto.
Se trata de consultas a trámite promovidas por jueces, magistrados, secretarios y demás personal afectado por la reforma constitucional que entró en vigor el lunes pasado para elegir a todos los juzgadores del País por voto popular, lo que tomará casi un año para su implementación
Según los promoventes, la reforma viola «la esencia misma de la República» al atentar contra la división de Poderes y la independencia judicial.
Los inconformes pretenden que el Pleno de la Corte revise la constitucionalidad de la propia Constitución, lo que en teoría no es posible, y que lo haga por medio de la facultad legal que tiene su presidenta para hacer consultas a sus colegas sobre asuntos de trámite dudoso, misma que no es propiamente un juicio o procedimiento contencioso.
El proyecto que eventualmente presentará Esquivel tendría que aclarar si una petición como esta se puede desahogar por medio de una consulta, o si se debe desechar.
Si bien la Ministra no se ha manifestado públicamente en favor de la reforma, como sus colegas Lenia Batres y Loretta Ortiz, siempre ha votado a favor del Gobierno en sus litigios relevantes en la Corte y ha criticado duramente a la Presidenta Norma Piña por su actuación en los últimos meses.
De hecho, a principios de septiembre, la propia Esquivel inició una consulta al Pleno para que aclare el estatus legal de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), y si ésta puede extender el paro de labores que inició el 19 de agosto hacia personal que no está de acuerdo en participar.
Apenas este miércoles, Piña inició otra consulta al Pleno para aclarar si jueces y magistrados pueden impugnar la reforma por medio de una facultad legal de la propia Corte para resolver disputas contractuales.
Se trata de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (PJF), que prevé que el Pleno de la Corte puede resolver conflictos por contratos o incumplimiento de obligaciones entre dependencias y entidades públicas con la propia Corte, o con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El proyecto de esa consulta corresponde presentarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara.
Estas peticiones directas a la Corte evidencian la dificultad de combatir la reforma mediante amparos, pues jurisprudencia vigente desde 2022 prohíbe este recurso para impugnar el contenido de reformas a la Constitución.
Los amparos también enfrentan el obstáculo de que jueces y magistrados son parte interesada y afectada por la reforma, por lo que estarían impedidos para llevar los juicios, pues no pueden ser imparciales sobre el tema en disputa.
