La reforma judicial que impulsa la 4T no sólo pretende elegir a Ministros y jueces federales, sino también a 5 mil 25 juzgadores locales de las 32 entidades del País.
Según datos oficiales, existen 4 mil 398 jueces locales y 627 magistrados de Tribunales estatales, lo que suma 5 mil 25 cargos a elegir, según la iniciativa presidencial. Esto se suma a los mil 688 cargos federales que, de aprobarse la iniciativa en sus términos, deberían votarse en urnas.
La iniciativa plantea que la elección de los cargos federales debería ocurrir a más tardar en 2025, mientras que para los cargos locales no define fecha.
En el artículo 116 de la iniciativa, en su inciso tercero, plantea que los Congresos locales deberán adecuar sus legislaciones a la federal para que se elijan a los jueces por voto directo y secreto.
Da un plazo de 180 días después de la aprobación de la reforma federal para hacer esas adaptaciones, pero no fija un límite de fecha para los comicios de jueces locales.
La mayoría de Congresos locales, controlados por Morena, pueden determinar un límite de candidatos o incluso mecanismos de control que favorezcan los intereses de Gobernadores.
El proceso electoral de 5 mil 25 jueces y magistrados locales sería uno de los más complicados en su logística.
El proyecto de reforma constitucional presentado en febrero por AMLO ante la Cámara de Diputados está previsto resolverse en la próxima Legislatura, donde Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada.
La iniciativa ordena la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como de todos los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del País, junto a los juzgadores locales.
Según la reforma, el INE tendría que organizar en junio de 2025 la elección de al menos mil 688 cargos, de los cuales sólo 21 serían votados en todo el País, mientras que el resto se dividirían por estados.
Para el Poder Judicial de la Federación, los cargos de elección nacional serían 9 integrantes de la Corte, siete de la Sala Superior del Tribunal Electoral y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial. Para cada uno, el Ejecutivo y la propia Corte podrían nominar hasta 10 candidatos, y el Congreso otros cinco.
En otro proceso sería la elección de poco más de 5 mil 25 jueces y magistrados de los 32 tribunales estatales.
