La agenda de la Administración Trump sufrió otro revés ayer por la noche cuando un tribunal de apelaciones confirmó una decisión que impide temporalmente a los agentes federalesrealizar arrestos migratorios en el área de Los Ángeles sin causa probable.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos confirmó la conclusión de un tribunal inferior de que las redadas parecían depender exclusivamente de la raza de las personas y otros factores, como hablar español.
Las redadas migratorias del Gobierno han generado protestas y temor entre muchos latinos de la ciudad, sus suburbios y las regiones agrícolas.
La decisión del panel simplemente permite que se mantenga vigente una orden de restricción temporal impuesta por el tribunal inferior. Limita, por ahora, las extensas operaciones que comenzaron en junio mientras el caso avanza en los tribunales.
La jueza Maame Frimpong del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles ha programado una audiencia para fines de septiembre mientras evalúa una orden que sería más extensa.
En su fallo del viernes por la noche, los jueces de apelación escribieron que los demandantes «probablemente tendrán éxito» en demostrar que los agentes federales realizaron arrestos basándose en cómo se veían las personas, cómo hablaban y dónde vivían o trabajaban.
Grupos de derechos civiles, liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California y Public Counsel, presentaron una demanda el 2 de julio acusando a la administración Trump de redadas inconstitucionales desde principios de junio, en las que casi 3 mil personas han sido arrestadas.
Ciudadanos estadounidenses y migrantes que residen legalmente en Estados Unidos han sido víctimas de esta redada, que ha provocado las protestas en Los Ángeles y en todo el país.
El Presidente Donald Trump había anunciado que otras ciudades demócratas también serían blanco de ataques, sugiriendo que las agresivas tácticas de control implementadas en Los Ángeles podrían replicarse en otros lugares.
En su fallo de 61 páginas, los jueces de apelación, todos ellos designados por presidentes demócratas, dijeron que era probable que los arrestos se realizaran sin «sospecha razonable».
Los jueces añadieron que, dado que los arrestos eran «parte de un patrón de comportamiento oficialmente sancionado», era «probable que se repitieran» sin intervención judicial.
