San Luis Potosí.– Ante reportes ciudadanos y denuncias internas de posibles aumentos salariales desproporcionados entre funcionarios públicos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) lanzó una advertencia directa a los 59 Ayuntamientos, los tres poderes, organismos autónomos y demás entes auditables: cualquier incremento injustificado en sueldos podría derivar en responsabilidades legales y la obligación de devolver el dinero.
El titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, fue claro: “El ejercicio del gasto público tiene reglas, y no pueden usarse los recursos para favorecer a funcionarios con aumentos del 15% o 25% cuando la ley permite, a lo mucho, un 3% de incremento en el capítulo 1000”, explicó en entrevista.
Hay denuncias en curso
Lecourtois López reveló que el organismo ha recibido denuncias ciudadanas, así como inconformidades internas de algunos cabildos, donde se sospechan incrementos salariales injustificados en puestos de primer nivel. Estos casos podrían escalar hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) si los entes no devuelven el recurso.
“No se trata solo de un acto ilegal, sino de una falta de ética pública. Subirse el sueldo, mientras la mayoría enfrenta inflación y precariedad, es inmoral”, puntualizó.
La ley es clara
La Ley de Disciplina Financiera, particularmente en sus artículos 10 al 13, prohíbe a los entes públicos otorgarse aumentos fuera de lo establecido. Además, el presupuesto asignado para el capítulo 1000 –destinado al pago de salarios– no puede rebasar el 3% de incremento anual.
El titular del IFSE alertó sobre una práctica común: la “recategorización” de funcionarios, una estrategia para elevar sueldos sin modificar formalmente los tabuladores, lo que calificó como una “maniobra preocupante”.
“El llamado es a la responsabilidad y a la legalidad. La ciudadanía espera, como mínimo, que no nos aumentemos los sueldos arbitrariamente”, concluyó Lecourtois.
