El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) investiga el uso de recursos públicos por parte del Ayuntamiento de la capital para reparar una casa de una inmobiliaria, lo que podría derivar en una denuncia penal y sanciones administrativas.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha iniciado una investigación sobre el uso de recursos públicos por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí para la reparación de una casa particular ubicada en la avenida Carranza, propiedad de una inmobiliaria local. La acción podría derivar en una denuncia penal por desvío de recursos y la imposición de sanciones administrativas, según informó el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
Lecourtois aclaró que todas las entidades gubernamentales, incluyendo los ayuntamientos, están obligadas a garantizar la legalidad y transparencia, además de proteger el patrimonio de los potosinos. En este sentido, el auditor destacó que la reparación de un inmueble privado con dinero público representa una violación de la ley y un desvío de recursos. “Los particulares tienen la obligación de mantener sus inmuebles en buen estado”, dijo.
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Si bien reconoció que las autoridades municipales y estatales deben velar por la seguridad de los ciudadanos, como en el caso de proteger a las personas de inmuebles en mal estado, aclaró que este intervencionismo público no debe extenderse a reparar propiedades privadas, como ocurrió con la casa en cuestión. «Cuando un ente público toma dinero de los potosinos y lo invierte en un bien privado, es un claro desvío de recursos y debe ser investigado», insistió.
Lecourtois también cuestionó si la reparación de la casa respondía a un programa o convocatoria oficial para el beneficio de la comunidad o si, por el contrario, se trataba de un favor a amigos o conocidos de los responsables. «¿Cuál es el beneficio para los habitantes de San Luis de arreglar una casa particular con dinero de todos?», se preguntó, subrayando la necesidad de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El auditor agregó que la dueña del inmueble es una inmobiliaria, lo cual hace aún más sospechoso el uso de recursos públicos en una propiedad privada. “No es común que un ayuntamiento le invierta dinero público a una inmobiliaria, por eso estamos investigando”, explicó.
Además, Lecourtois señaló la presencia de una patrulla policial las 24 horas frente a la casa, lo que, aunque podría ser legal, consideró inmoral, ya que “todos los ciudadanos quisieran ser cuidados de esa manera”. La investigación continuará para esclarecer el origen de los recursos utilizados y la legitimidad de las acciones emprendidas.
