Después de tres días de críticas, incluida una sugerencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que aclararan la adquisición, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no van a usar las camionetas blindadas que compraron.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el Máximo Tribunal informó que los vehículos serán destinados a jueces y magistrados que enfrenten situaciones de riesgo.
«Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable», indicó.
El 22 de enero trascendió que los ministros, quienes fueron electos en junio del año pasado por voto popular, estrenaron camionetas de lujo Jeep Grand Cherokee, en contradicción con los principio de austeridad que promulga la Cuarta Transformación.
Al día siguiente, Sheinbaum señaló que por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob) había solicitado al Poder Judicial información sobre la adquisición de los vehículos e indicó que el Máximo Tribunal debía aclarar la situación.
«Todo ello tiene que informarlo la Corte, yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información», dijo la Mandataria durante su conferencia matutina.
Ese mismo día por la noche, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró que la compra de las camionetas se había enmarcado en un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial en el que cambió el modelo de arrendamiento por la adquisición, con un ahorro de mil 98 millones de pesos para los años 2026, 2027 y 2028.
Hasta el momento, el OAJ no ha transparentado el contrato, sin embargo, de acuerdo con el acta de la sesión del pasado 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) de la SCJN, las camionetas tuvieron un costo de 25 millones 650 mil pesos.
Esto significa que cada vehículo tuvo un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos, con IVA incluido.
» el Comité autoriza de manera unánime la adquisición de nueve vehículos con cualidades especiales de seguridad, mediante adjudicación directa especial con la persona moral ‘TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V.’, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto total de $22,112,073.00 (veintidós millones ciento doce mil setenta y tres pesos 00/100 M.N.) más IVA», indica el documento.
En la sesión del CASOD no se arguyeron razones por las cuales se autorizó la compra de los nuevos vehículos, solo se asentó que era a petición de la Dirección General de Seguridad.
«CASO 0112EDGRM25.- Se solicita autorización para la adquisición de vehículos con cualidades especiales de seguridad, solicitados por la Dirección General de Seguridad (DGS)», indicó.
La empresa a la cual se adjudicó el contrato se especializa en el arrendamiento de vehículos y forma parte de Grupo Andrade, uno de los principales proveedores de patrullas y vehículos de renta de los gobierno de la Cuarta Transformación.
La Corte indicó que, con el fin de precisar la información, mañana (lunes) se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal.
«Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera», enfatizó.
