Grandes corporaciones internacionales de joyería, farmacéuticas, ropa de lujo, videojuegos y tabaco han recurrido al Poder Judicial para reclamar presuntas omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la persecución de delitos de piratería y violaciones a la propiedad intelectual en México.
De acuerdo con una revisión de listas de amparos en materia penal presentados en la Ciudad de México y en trámite durante 2026, al menos 10 empresas han promovido alrededor de 20 juicios de amparo contra la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la FGR.
Entre las compañías que han acudido a tribunales se encuentra Nintendo, cuyos personajes como Pikachu, Mario Bros, Link, Donkey Kong, Yoshi y Kirby han sido reproducidos ilegalmente en ropa, peluches, videojuegos y películas. La empresa mantiene al menos tres juicios de amparo activos por presuntas omisiones ministeriales.
También figuran marcas de lujo como Bulgari, Tous y el grupo suizo Richemont, propietario de Cartier, Chloé y Montblanc. A ellas se suma Lacoste, dedicada a ropa, relojes y perfumes.
En el sector farmacéutico aparecen Farmacias Similares —conocida por el personaje del Dr. Simi— y Bristol Myers Squibb, que han denunciado falsificación de medicamentos.
En el rubro tabacalero, la multinacional Philip Morris International, propietaria de Marlboro, también promovió amparos. Asimismo, figuran YETI y la firma francesa Goyard.
Omisiones y liberación de mercancía
Según los actos reclamados en los amparos, las empresas buscan que la FGR las reconozca como víctimas directas dentro de investigaciones abiertas o que ejerza acción penal contra presuntos responsables. Fuentes consultadas señalan que en los últimos cinco años los operativos han sido prácticamente inexistentes y que se han liberado contenedores con mercancía presuntamente ilícita, además de registrarse deficiencias periciales.
De acuerdo con fuentes judiciales, 99 por ciento de la mercancía reclamada tendría origen en China, aunque también existen registros provenientes de Turquía.
En algunos casos, las pérdidas estimadas por copias ilícitas han alcanzado hasta 29 millones de pesos. Sin embargo, varias compañías han optado por acuerdos reparatorios con importadores, debido a que los procesos judiciales pueden prolongarse hasta nueve años sin resolución.
México en la lista prioritaria de Estados Unidos
El contexto internacional también ha incrementado la presión. En 2025, México fue incluido en la lista prioritaria del Office of the United States Trade Representative dentro del llamado Reporte Especial 301, que evalúa la protección de la propiedad intelectual a nivel global.
El documento advierte que las investigaciones y procesos penales por falsificación de marcas y piratería de derechos de autor “parecen ser inexistentes”, y señala que la FGR habría implementado una política interna de no solicitar órdenes de cateo en casos de propiedad intelectual, lo que limita herramientas esenciales para las indagatorias.
El reporte también subraya que México no ha emitido reglamentos necesarios derivados de reformas a la Ley de Derechos de Autor y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo que podría representar incumplimientos en el marco del T-MEC.
Expectativas ante cambios en la Fiscalía
El abogado Carlos Ledezma, especialista en litigios de propiedad intelectual, consideró que podría haber una mejora tras la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la titularidad de la FGR y el nombramiento de Samantha Estela Andrade Chavarría como nueva fiscal del área especializada.
Según el litigante, durante más de cinco años no se realizaron operativos antipiratería en zonas tradicionalmente identificadas por venta de mercancía ilícita, lo que generó un “stand by” en las investigaciones. No obstante, afirmó que la nueva fiscal ha mostrado apertura para atender las inquietudes del sector.
Mientras tanto, el conflicto se mantiene en tribunales, donde las empresas buscan que la autoridad ministerial reactive investigaciones, ejerza acción penal y garantice mecanismos eficaces para combatir la piratería en el país.
