La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contiene cambios que podrían corregir distorsiones del sistema político, aunque también plantea riesgos que deberán revisarse durante su discusión legislativa, advirtió el especialista en Derecho Constitucional Jorge Chessal Palau.
En entrevista, el jurista consideró que la eliminación de las senadurías plurinominales permitiría que el Senado de la República recupere su función original como órgano de representación de las entidades federativas.
Explicó que el Senado fue concebido como una instancia para representar a los estados dentro del pacto federal, por lo que la existencia de legisladores de representación proporcional ha generado que una parte de sus integrantes no represente directamente a ninguna entidad.
Chessal Palau también valoró positivamente la intención de reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos y establecer mayores controles sobre el financiamiento electoral.
Señaló que uno de los principales problemas de los procesos electorales en México es la circulación de dinero informal en las campañas políticas.
En ese sentido, consideró que obligar a que los recursos se manejen mediante cuentas bancarias y bajo mecanismos de prevención de lavado de dinero podría contribuir a transparentar el gasto electoral.
No obstante, el especialista advirtió que algunos aspectos de la reforma podrían generar riesgos en materia de libertad de expresión, particularmente en lo relacionado con la fiscalización de contenidos y el uso de inteligencia artificial.
Indicó que si bien es adecuado que los contenidos generados con inteligencia artificial estén claramente identificados para evitar desinformación, esta regulación no debe convertirse en una forma de presión o control sobre el trabajo de los medios de comunicación durante los procesos electorales.
El constitucionalista explicó que varios aspectos de la reforma deberán definirse en las leyes secundarias, entre ellos la fórmula para asignar diputaciones plurinominales y los mecanismos para garantizar la proporcionalidad en la representación legislativa.
Asimismo, señaló que el requisito de una participación mínima del 40 por ciento para validar ejercicios de democracia directa representará un reto tanto para las autoridades como para la ciudadanía.
Consideró que este umbral implicará que el Estado promueva activamente la participación ciudadana y que la sociedad se involucre en mecanismos como consultas populares o ejercicios similares.
