Ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, en conjunto con la organización Artículo 19, presentaron el pasado 5 de junio una iniciativa ante el Congreso del Estado para derogar diversos tipos penales relacionados con el uso de inteligencia artificial, al considerar que representan una amenaza para la libertad de expresión y han derivado en actos de acoso judicial contra periodistas, comunicadores y ciudadanía en general.
La propuesta busca eliminar los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER del Código Penal de San Luis Potosí, incorporados a finales de 2025 bajo el argumento de sancionar el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por las organizaciones y ciudadanos promoventes, desde la entrada en vigor de la reforma se ha generado un “efecto inhibitorio” debido a la ambigüedad de las disposiciones, ya que, sostienen, no existen criterios claros para distinguir entre la crítica legítima a autoridades y conductas que pudieran considerarse delictivas.
Los promoventes señalaron que los tipos penales permiten perseguir expresiones críticas mediante conceptos vagos relacionados con “desinformación”, “alarma pública” o “manipulación institucional”, dejando amplio margen de interpretación a las autoridades ministeriales y judiciales.
Entre los artículos cuestionados se encuentra el 187 TER, que sanciona la creación o difusión de contenidos realizados con inteligencia artificial que simulen la voz, imagen o identidad de una persona sin consentimiento; el 272 BIS, relativo a la difusión dolosa de desinformación generada con IA; y el 272 TER, que castiga la llamada “manipulación institucional mediante inteligencia artificial”.
Los impulsores de la iniciativa argumentaron que las penas previstas resultan desproporcionadas y comparables con delitos que implican violencia física, pese a tratarse de conductas relacionadas con la expresión y difusión de contenidos digitales.
Asimismo, señalaron que en menos de seis meses de vigencia de la reforma ya se han registrado detenciones y órdenes de aprehensión derivadas de su aplicación. Entre los casos mencionados se encuentran los de Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y la periodista Anahí Torres González, además del creador de contenido Christian Herrera, administrador de la página “Código Rojo” de Ciudad Valles.
El comunicado sostiene que hasta ahora las autoridades no han explicado públicamente cuáles fueron las conductas específicas consideradas delictivas ni los criterios utilizados para aplicar la legislación.
Las organizaciones promoventes afirmaron que la iniciativa busca corregir lo que consideran una legislación aprobada “al vapor”, sin análisis técnico suficiente y sin considerar estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de expresión y legalidad penal.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para derogar las disposiciones impugnadas y abstenerse de aprobar normas ambiguas que, a su juicio, faciliten la censura, la persecución judicial y el silenciamiento de voces críticas.
