La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de huachicol fiscal ha colocado a San Luis Potosí como uno de los puntos estratégicos dentro del corredor ferroviario utilizado para trasladar combustible de procedencia irregular hacia el Bajío. De acuerdo con información publicada por Reforma y retomada por diversos medios nacionales, la indagatoria documenta el ingreso a México de más de 144 millones de litros de diésel, gasolina y nafta ligera en apenas 52 días mediante operaciones de importación aparentemente legales.
Según la investigación, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 la organización habría introducido al país más de 144 millones de litros de hidrocarburos, equivalentes a un promedio de 2.7 millones de litros diarios. Para ello, presuntamente utilizó 291 pedimentos de importación y movilizó mil 366 ferrotanques que ingresaron por la Aduana de Matamoros, donde la carga fue declarada como “solución de cloruro de calcio”, ocultando su verdadera naturaleza.
La indagatoria sostiene que el combustible tenía como destinatarios finales las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Una vez liberados los trámites aduanales, los hidrocarburos eran trasladados por ferrocarril hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, configurando un corredor logístico que aprovechaba la infraestructura ferroviaria del Bajío para distribuir el producto.
La FGR atribuye la operación aduanal a la empresa Servicios Aduanales JR, vinculada con Armando III Riestra Fernández, identificado como presunto líder de la organización criminal y actualmente recluido en el penal federal del Altiplano. Como parte de la investigación, tras un cateo realizado el 21 de julio de 2025, las autoridades aseguraron 17 ferrotanques, de los cuales 15 transportaban más de 1.6 millones de litros de diésel y dos contenían nafta ligera.
Derivado de estos hechos, un juez federal libró 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios presuntamente relacionados con la operación. Entre las personas buscadas se encuentran los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes encabezaron la Aduana de Matamoros en distintos periodos, además del teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera. Hasta el momento, siete personas han sido detenidas y vinculadas a proceso.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la FGR mantiene abiertas al menos dos investigaciones de gran escala relacionadas con el huachicol fiscal: una vinculada con un buque asegurado en Tampico durante 2025 y otra referente al ingreso de combustible mediante carros tanque ferroviarios por la frontera norte. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó que continúan las investigaciones y que aún existen operativos y detenciones pendientes.
Dentro del expediente, Aguascalientes aparece por la ubicación de Jumandi Group, empresa establecida en San Francisco de los Romo y dedicada a servicios de logística ferroviaria y transferencia de mercancías. En Querétaro figura Ferroservicios, empresa especializada en operaciones de transbordo y manejo de líquidos, mientras que registros públicos también identifican infraestructura similar en San Luis Potosí operada por diversas compañías dedicadas al movimiento ferroviario de carga.
La entidad potosina ya había aparecido en investigaciones federales relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles. En julio de 2025 fueron asegurados 35 ferrotanques con más de 4.2 millones de litros de diésel en un patio ferroviario del municipio de Vanegas, como parte de un operativo nacional en el que se decomisaron más de 24 millones de litros de combustible presuntamente ilegal distribuidos en 206 carros tanque.
Las investigaciones también ubican un antecedente marítimo de esta modalidad de contrabando. Entre 2023 y 2025 otra organización habría introducido más de 564 millones de litros de combustibles mediante puertos del Golfo de México utilizando declaraciones falsas de aditivos para aceites lubricantes, lo que evidencia la evolución de estas redes hacia esquemas logísticos cada vez más sofisticados.
En el ámbito internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas vinculadas con una red de contrabando de combustible presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las compañías sancionadas figuran Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo. No obstante, hasta el momento no existe una sanción oficial del gobierno estadounidense contra Jumandi Group, empresa mencionada en la investigación periodística sobre el caso Matamoros.
La información conocida hasta ahora perfila a Querétaro y San Luis Potosí como puntos estratégicos dentro del sistema ferroviario utilizado para el traslado de hidrocarburos, aprovechando la conectividad logística que también utilizan las industrias instaladas en el Bajío. De confirmarse las imputaciones de la FGR ante los tribunales, el caso podría convertirse en uno de los expedientes más relevantes sobre la operación del huachicol fiscal moderno en México.
