La situación judicial del ex Presidente boliviano, Evo Morales, se agravó hoy luego de que la Fiscalía emitiera una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras que paralizaron amplias zonas del país entre mayo y junio, apenas semanas después de que otro tribunal suspendiera el juicio que enfrenta por un caso de presunta trata agravada de personas y también ordenara su aprehensión.
La nueva investigación sostiene que Morales habría instigado las protestas y cortes de vías impulsados por sus seguidores, movilizaciones que provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas estimadas por el Gobierno en más de 3 mil millones de dólares.
Las autoridades también atribuyen a esos bloqueos al menos 16 muertes.
Por estos hechos, la Fiscalía lo investiga por delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra los servicios públicos.
La orden se suma a la emitida en mayo por un tribunal de Tarija, cuando Morales fue declarado en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio por presunta trata agravada de personas.
En esa ocasión, el juez suspendió el proceso hasta que el ex Mandatario comparezca ante la justicia o sea detenido, y ordenó su captura.
Ese caso se originó por la acusación de que Morales habría mantenido una relación con una adolescente durante su mandato y de que la joven habría dado a luz a una hija del entonces Presidente.
La defensa del ex gobernante niega los hechos y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.
Desde que fue declarado en rebeldía, Morales permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, su principal bastión político y sindical, donde cuenta con la protección de sus seguidores, lo que ha dificultado el cumplimiento de la orden de aprehensión.
El ex Mandatario rechazó también la nueva acusación relacionada con los bloqueos y aseguró que nunca promovió un intento de derrocar al Gobierno, sino que respaldó protestas para exigir atención a las demandas de diversos sectores sociales.
Las nuevas acciones judiciales profundizan la presión sobre Morales, quien enfrenta múltiples procesos mientras mantiene su pugna política con el Gobierno boliviano y con sectores del oficialismo que se distanciaron de su liderazgo.
