Alrededor de 40 expedientes por denuncias de presunta violencia sexual contra docentes permanecen abiertos en San Luis Potosí, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, quien señaló que todos los casos continúan en proceso de investigación y llamó a garantizar tanto la protección de niñas, niños y adolescentes como el derecho a la defensa de los maestros señalados.
El dirigente sindical explicó que los expedientes corresponden a denuncias por presuntos tocamientos, abuso y otras conductas reportadas a través del Departamento de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Depai). No obstante, precisó que hasta el momento ninguno cuenta con una resolución definitiva que determine la responsabilidad de los docentes involucrados.
Bárcenas Ramírez indicó que, cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza, la autoridad educativa aplica medidas cautelares que consisten en separar temporalmente al trabajador de sus funciones mientras se desarrolla la investigación correspondiente. Sin embargo, consideró que esta medida suele ir acompañada de un juicio social anticipado que afecta la reputación de los maestros antes de que exista una resolución oficial.
«Al maestro ya lo señalaron, ya lo tipificaron, ya lo crucificaron incluso y lo señalan como culpable cuando en realidad en ocasiones no lo es», expresó.
El líder sindical señaló que uno de los expedientes abiertos corresponde a una acusación basada únicamente en la forma en que un profesor presuntamente miró a un alumno, situación que, dijo, evidencia la importancia de analizar cada denuncia con base en pruebas y respetando el debido proceso.
Asimismo, aclaró que el SNTE no protege a quienes hayan cometido delitos, pero insistió en que tampoco debe considerarse culpable a un trabajador sin que exista una investigación que sustente las acusaciones.
Explicó que la duración de las investigaciones puede variar desde algunas semanas hasta varios años, dependiendo de la complejidad de cada caso, por lo que consideró necesario agilizar las resoluciones cuando no existan elementos suficientes para sostener una acusación.
Respecto al papel del sindicato, informó que brinda asesoría y representación jurídica a los docentes involucrados para garantizar su derecho a la defensa durante los procedimientos administrativos y legales.
También manifestó preocupación por el impacto que tienen las redes sociales en este tipo de casos, al considerar que las publicaciones y señalamientos públicos pueden derivar en condenas anticipadas antes de que concluyan las investigaciones oficiales.
Como ejemplo, recordó el caso de un docente del Estado de México que se quitó la vida tras ser señalado públicamente por presuntas conductas indebidas. En ese contexto, informó que continúa vigente la propuesta presentada ante el Congreso del Estado para impulsar una legislación que fortalezca la defensa jurídica de las y los maestros frente a acusaciones que aún no han sido acreditadas, sin afectar el derecho de las víctimas a denunciar y acceder a la justicia.
Finalmente, Bárcenas Ramírez reconoció que existen casos en los que las denuncias pueden resultar infundadas y reiteró que cada expediente debe resolverse con estricto apego a la ley, garantizando tanto la protección de los menores como el debido proceso para todas las personas involucradas.
