El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), Francisco Contreras Vergara, advirtió que la denominada “Ley Serrano” forma parte de una estrategia jurídica, política y económica orientada a censurar y criminalizar a quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión.
Durante su visita a San Luis Potosí con motivo del 66 aniversario de la sección sindical local, el dirigente sindical cuestionó el contenido y la aplicación de la reforma penal relacionada con el uso de inteligencia artificial, impulsada en el Congreso del Estado.
“La ley que tiene el apellido de un diputado, pero con un ejecutor material, forma parte de toda una estrategia jurídica, política y hasta económica para censurar y encarcelar a quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión”, declaró.
Contreras Vergara hizo un llamado a las autoridades a mantener tolerancia frente a la crítica y rechazó cualquier intento de impulsar un periodismo subordinado al poder.
“Tolerancia, señores. No quieran periodistas y periodismo a modo, eso ya debe acabarse”, expresó.
El dirigente del STIRTT señaló además que el ejercicio periodístico en México atraviesa uno de sus momentos más complejos debido a los riesgos relacionados tanto con la delincuencia organizada como con presiones provenientes del ámbito político.
“México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, nuestros compañeros viven día a día la amenaza del crimen organizado, pero también de los políticos”, afirmó.
Asimismo, consideró que no debe incrementarse el clima de violencia y hostilidad contra periodistas, particularmente después del contexto generado durante el sexenio federal pasado bajo la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Contreras Vergara recordó que dentro del STIRTT existen periodistas sindicalizados que diariamente enfrentan amenazas, condiciones de inseguridad y distintos tipos de presión derivadas de su trabajo informativo.
Finalmente, sostuvo que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las actividades más difíciles y vulnerables del país, especialmente en entidades donde persisten intentos de limitar o castigar la crítica pública.
