La investigación en torno a El Caballito, una presunta red de empresas factureras señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por evasión fiscal y lavado de dinero, alcanzó a filiales de Laboratorios Pisa, uno de los conglomerados farmacéuticos más grandes de México.
De acuerdo con una investigación periodística de EL PAÍS, directivos vinculados con la organización criminal fungieron como apoderados legales de al menos seis empresas del grupo Pisa entre 2017 y 2019, principalmente en Jalisco, donde se concentra la operación tanto del corporativo farmacéutico como de la red señalada.
La FGR asestó un golpe a esta estructura a inicios de junio, tras una operación simultánea en varios estados que derivó en la detención de Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador López Villaseñor, identificados como presuntos líderes de la organización, además de otros seis implicados. Durante el operativo también fueron asegurados inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Según las investigaciones, El Caballito operaba mediante una extensa red de empresas fantasma dedicadas a vender facturas falsas a compañías reales. Este esquema permitía a sus clientes simular gastos, deducir impuestos indebidamente o evadir obligaciones fiscales como el ISR y contribuciones patronales.
La magnitud del presunto fraude habría generado un daño estimado de 700 millones de dólares al erario, de acuerdo con la Fiscalía.
Documentos mercantiles revisados por EL PAÍS muestran que Lasso Cervantes y López Villaseñor recibieron poderes legales en Laboratorios Pisa y otras filiales como Prestadora de Servicios de Administración de Farmacias, Prestadora de Servicios Especiales, Pymsa y SAFE.
Además de los líderes de la red, otros integrantes del despacho Stratego también fueron designados como apoderados legales del conglomerado farmacéutico. Entre ellos figuran directivos jurídicos y especialistas en cumplimiento laboral.
En respuesta, Pisa reconoció haber tenido relación con Stratego, aunque aclaró que ésta se limitó a servicios de representación legal en litigios laborales derivados de demandas de exempleados.
La compañía sostuvo que los poderes otorgados fueron exclusivamente para pleitos y cobranzas en materia laboral y permanecieron vigentes entre 2017 y 2019.
Asimismo, el corporativo negó que los integrantes de Stratego hayan sido socios, directivos o colaboradores internos de Grupo Pisa y subrayó que no tolera conductas contrarias a la ley.
Hasta ahora, Pisa aseguró que no ha sido requerida formalmente por autoridades federales y que conoció las acusaciones contra Stratego a través de publicaciones periodísticas.
Especialistas fiscales consultados por el medio señalaron que, aunque la red aún no aparece formalmente en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las investigaciones de la FGR generan una presunción legal sobre la validez de las operaciones fiscales relacionadas con la organización.
Esto implica que las empresas que contrataron servicios con la red podrían verse obligadas a acreditar que las operaciones fueron reales y efectivamente prestadas.
El caso se suma a otras controversias que han rodeado a Pisa en años recientes. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el grupo farmacéutico enfrentó señalamientos por presunto acaparamiento del mercado de medicamentos, sanciones administrativas y cuestionamientos relacionados con el abasto de tratamientos oncológicos.
Más recientemente, en 2024, una filial del conglomerado perdió su licencia sanitaria tras un brote bacteriano vinculado a soluciones médicas que dejó la muerte de 17 menores en distintas entidades del país.
