Un presunto criadero clandestino de perros en la comunidad de Milpillas, en San Luis Potosí, generó indignación social luego de que activistas y rescatistas documentaran graves condiciones de maltrato animal, abandono e insalubridad dentro del inmueble donde presuntamente se comercializaban ejemplares de raza husky y pastor alemán.
El caso salió a la luz tras denuncias de habitantes de la zona, quienes desde semanas atrás reportaron la presencia de perros adultos deambulando por la comunidad. Inicialmente se pensó que se trataba de animales extraviados, sin embargo, posteriormente surgieron señalamientos de que los ejemplares eran utilizados para reproducción y, una vez considerados improductivos, eran abandonados.
Vecinos también alertaron sobre olores fétidos provenientes del inmueble ubicado en la Fracción Milpillas, lo que hizo crecer las sospechas sobre posibles actos de crueldad animal en el lugar.
Ante la falta de intervención de las autoridades, activistas acudieron al domicilio señalado, ubicado en Venustiano Carranza número 88, donde encontraron un escenario alarmante.
De acuerdo con los rescatistas, en el sitio fueron localizados alrededor de 10 perros en estado de descomposición, además de restos orgánicos que sugerirían prácticas irregulares de alimentación. También hallaron varios perros adultos enjaulados, sin acceso a agua ni alimento, algunos con severa desnutrición y otros con visibles problemas de salud.
Durante una transmisión en vivo en redes sociales, activistas exhibieron las condiciones del lugar y confrontaron a un hombre identificado como presunto cuidador del inmueble, quien negó los señalamientos y argumentó que el propietario se encontraba enfermo.
Pese a la resistencia inicial, los rescatistas lograron poner a salvo a varios animales. Según reportaron, al menos 17 perros fueron adoptados durante la intervención, mientras otros quedaron bajo resguardo temporal de activistas. También se informó que algunos ejemplares ya habían escapado previamente y continúan deambulando en la zona.
Posteriormente, activistas advirtieron sobre la posible existencia de otro inmueble presuntamente vinculado al mismo propietario, donde podrían encontrarse más animales.
El caso podría derivar en responsabilidades penales. En San Luis Potosí, el maltrato animal está tipificado como delito. El artículo 317 del Código Penal estatal contempla penas de hasta cinco años de prisión por actos de crueldad, lesiones o muerte contra animales.
Asimismo, la Ley de Protección a los Animales del Estado establece obligaciones específicas para establecimientos dedicados a la venta o resguardo de animales, incluyendo condiciones adecuadas de alimentación, agua, espacio y bienestar.
Activistas anunciaron que interpondrán las denuncias correspondientes y solicitaron apoyo ciudadano para cubrir gastos veterinarios, alimentación y resguardo de los perros rescatados.
