Imposible llegar a la conmemoración de este 8 de marzo, sin la necesaria reflexión de lo acontecido en el último año, botón de muestra de que las deudas históricas se hacen perennes cuando frente a los hechos y la realidad, se acciona de forma contraria al avance progresivo de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, particularmente de nuestro Estado.
Hacer memoria de lo que en su momento propició que en San Luis Potosí se declarará la Alerta de Violencia de Género en seis municipios resulta ineludible frente al hecho de que el año pasado se levantara la alerta en tres de ellos. Las deudas frente a las víctimas de feminicidio se hacen patentes ante las evidentes ilegalidades que advertimos con ese levantamiento. Pocos son los marcos jurídicos a nivel internacional que reconocen un mecanismo de exigibilidad para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. La AVGM, es por tanto ese medio de exigibilidad para hacer efectivo el derecho humano a una vida libre de violencia, que involucra, entre otras cosas, accionar un conjunto de medidas que contienen acciones gubernamentales de carácter emergente para hacer frente a un contexto de violencia feminicida en ciertas realidades situadas. Lo ocurrido en San Luis Potosí no es menor y sienta un precedente negativo, toda vez que el levantamiento de la declaratoria incumplió con lo establecido en la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En agosto de 2024, la CONAVIM, determinó la actualización de las medidas de AVGM, en nuestro Estado, en dos sentidos: el primero, levantar la primera y segunda medidas de prevención en los seis municipios de con declaratoria en el Estado; y segundo, levantar la AVGM, no solo las medidas, en los municipios de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín, condicionados al cumplimiento sostenido de las medidas de seguridad y prevención.
La decisión antes descrita, fue fundada por la CONAVIM bajo lo dispuesto en el artículo 25 de la LGAMVLV, dispositivo normativo que no prevé los supuestos del levantamiento de las declaratorias. Es el artículo 25 Bis, último párrafo el que refiere que se podrá levantar la AVGM, cuando esté fehacientemente comprobado el cumplimiento de la totalidad de las medidas, situación que no aconteció en el caso de San Luis Potosí. De la misma forma que la CONAVIM, fundó incorrectamente su determinación, motivando su decisión en los datos de Incidencia Delictiva del Fuero común alimentados por las Fiscalías de los Estados y lo que implica un posible sesgo en dicha motivación, pues muchas de las carpetas de investigación no se siguen bajo el protocolo de investigación de feminicidio, y no exponen el conjunto de los indicadores de todo lo que involucra la violencia feminicida.
Es importante señalar, como apuntamos previamente, que la AVGM se declara no solo por los indicadores de feminicidios y muertes dolosas de mujeres, sino por la incidencia delictiva del cúmula de conducta que da cuenta de ese contexto de violencia feminicida que prevé la propia Ley. Aunado a lo anterior, el levantamiento se dio con la ausencia de diálogo institucional con las víctimas y bajo la descalificación de diversos liderazgos de mujeres que denunciaron que dicho levantamiento enviaba un mensaje político adverso.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que, a meses de haberse levantado la declaratoria de AVGM en tres municipios, los feminicidios como el de Lupita en Tamuín, y el de Daniela Martell, demuestran no solo que dicho contexto de violencia feminicida no ha cambiado, sino que como lo hemos señalado desde hace años, se manifiesta, incluso, en las redes de ese paraestado conformado por el crimen organizado en cuyas prácticas se resignifica la violencia contra las mujeres más precarizadas sin que al Estado le alcance para hacerle frente en el acceso a la justicia a las víctimas.
Enunciar estas faltas y decisiones políticas, es imprescindible frente al escenario de que entre en funciones la nueva Secretaría de las Mujeres en nuestro Estado, y de cuyo liderazgo se espera, más de lo que el Gobernador ha señalado, pues no basta con que quien esté al frente pueda dialogar hasta con “las más feministas”, sino que se atienda prioritariamente en ese camino a las familias de las víctimas, y se les coloque en el centro del accionar público.
