Las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan un nuevo momento de tensión en dos frentes clave para el clima de negocios: la reforma judicial impulsada en el país y las denuncias de empresas estadounidenses por presunto acoso fiscal. Ambos factores han comenzado a impactar la percepción de certidumbre jurídica, justo en la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Desde Washington, el embajador Ronald Johnson advirtió que las inversiones requieren “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”, en referencia a la preocupación por la independencia judicial tras los cambios impulsados por el oficialismo. En paralelo, el subsecretario Michael Kozak insistió en la necesidad de contar con jueces calificados, independientes y libres de presiones externas.
En México, el partido gobernante Morena ha planteado ajustes a la reforma judicial heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de introducir nuevos filtros de evaluación para aspirantes a jueces, como exámenes, certificaciones y mayores requisitos de experiencia profesional. La iniciativa sigue en proceso legislativo.
Al mismo tiempo, el frente fiscal ha encendido alertas entre inversionistas. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC), que agrupa a empresas como Amazon, Ford e IBM, denunció prácticas del Servicio de Administración Tributaria que incluyen auditorías agresivas, negativas a reconocer deducciones legítimas y exigencias de pagos para acceder a mecanismos de defensa fiscal.
Según la organización, estas acciones limitan la capacidad de las empresas para obtener justicia, en un contexto donde la autonomía del sistema judicial es cuestionada. El SAT, por su parte, no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
Este escenario ha llevado a diversas compañías a blindar sus inversiones mediante cláusulas contractuales que trasladan posibles disputas a tribunales internacionales o esquemas de arbitraje. Sin embargo, estos mecanismos implican mayores costos y tiempos, lo que reduce el atractivo del país como destino de inversión.
Especialistas advierten que la combinación de factores —incertidumbre judicial, presión fiscal y bajo crecimiento económico— está generando cautela entre los capitales. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) apenas creció 0.1% en febrero, reflejando una recuperación débil.
Aunque hasta ahora estas preocupaciones no han escalado formalmente a la mesa del TMEC, sí forman parte del entorno que condiciona la relación bilateral. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma judicial y ha descartado incrementos de impuestos, apostando por una mayor recaudación a través de fiscalización.
El desafío, sin embargo, se mantiene: equilibrar los objetivos de recaudación y transformación institucional con la necesidad de ofrecer certeza jurídica a largo plazo en un país que compite por atraer inversión global.
