Este martes 26 de noviembre, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, compareció ante los legisladores de San Luis Potosí durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno. En su exposición, informó que la FGE cuenta con un total de 52 mil carpetas de investigación abiertas durante este 2024.
En su rendición de cuentas, García Cázares destacó que la Fiscalía ha logrado obtener 330 años de condenas para los responsables de diversos delitos, además de recuperar, como parte de las acciones de reparación de daño a las víctimas, un total de 170 millones de pesos en lo que va del año.
La Fiscal también mencionó que actualmente más de 100 personas se encuentran en proceso de capacitación para integrarse como nuevos elementos de la Policía de Investigación (PDI) y Peritaje, con el objetivo de fortalecer los Ministerios Públicos del Estado de cara a 2025.
Tras su intervención, de los 27 diputados del Congreso de San Luis Potosí, solo ocho se inscribieron para realizar preguntas a la titular de la FGE. Entre los temas más relevantes planteados por los legisladores estuvieron los casos de alto impacto mediático en la entidad, como el Caso Rich, en el que dos jóvenes perdieron la vida y ocho resultaron heridos, y el Caso Huehuetlán, en el que policías de la Guardia Civil Estatal fueron agredidos y desalojados por el alcalde del municipio. La fiscal ofreció actualizaciones sobre ambos casos.
Asimismo, los congresistas abordaron diversos temas relacionados con la justicia, entre ellos la violencia contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres, la delincuencia organizada, la atención a víctimas, la transparencia en la FGE, la investigación forense, los fraudes vehiculares y las nuevas estrategias de justicia implementadas dentro de la Fiscalía.
Al finalizar la comparecencia, García Cázares aseguró que la Fiscalía General de San Luis Potosí está trabajando para fortalecer el sistema de justicia en las cuatro regiones del estado, con un énfasis particular en la reducción de la impunidad, especialmente en casos de delitos del fuero común, homicidios y feminicidios.
