Luego de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito ordenó dejar sin efectos el fallo condenatorio emitido contra Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que, más allá de las resoluciones judiciales, la ciudadanía conoce lo que ocurrió durante la administración anterior en esa dependencia.
El mandatario estatal señaló que respeta las determinaciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, aunque consideró que existen hechos ampliamente conocidos por la población respecto al manejo de recursos públicos en la Secretaría de Salud durante el sexenio pasado.
“Es un tema que precisamente lo acabas de decir, pues es de la Corte. La Corte hace sus estudios y hay que respetar lo que diga, pero en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió”, declaró.
Gallardo Cardona sostuvo que la resolución judicial contrasta con diversos señalamientos realizados sobre presuntas irregularidades registradas en la Secretaría de Salud durante la administración encabezada por Juan Manuel Carreras López. Como ejemplo, mencionó el caso de la exsecretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien enfrentó procesos relacionados con el manejo de recursos públicos.
El caso de Lutzow Steiner se deriva de una investigación relacionada con la presunta adquisición irregular de un plaguicida destinado al combate del dengue en abril de 2020, durante la emergencia sanitaria por covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la operación involucró un monto superior a los 32 millones 700 mil pesos y presuntamente se realizó sin cumplir con la normatividad aplicable. La autoridad investigadora sostuvo que el producto adquirido no existía y que el procedimiento de contratación presentó diversas irregularidades.
Recientemente, un Tribunal Colegiado determinó que la autoridad judicial local no cumplió de manera adecuada una ejecutoria de amparo previa, por lo que ordenó dejar sin efectos la resolución condenatoria y emitir una nueva determinación ajustada a los lineamientos establecidos por la justicia federal.
La resolución no implica el cierre definitivo del caso, sino que obliga a las autoridades judiciales estatales a revisar nuevamente el proceso conforme a los criterios fijados por el tribunal federal.
