Plantea CSP perseguir extorsión por oficio

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La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se analiza la posibilidad de impulsar una reforma que permita perseguir la extorsión por oficio y eliminar el requisito de que las víctimas tengan que ratificar sus denuncias.

Cuestionada sobre el cobro de «narcoaranceles» del crimen organizado a productores de alimentos en Michoacán, incluidos los limoneros, la Mandataria federal reconoció que los ciudadanos tienen miedo de denunciar y que las autoridades pueden mejorar la estrategia de seguridad.

«La extorsión es uno de los delitos que tenemos que atacar más, de hecho, estamos trabajando en un modelo integral de atención a la extorsión. Las personas no denuncian la extorsión y con razón porque tienen miedo entonces nosotros lo que tenemos que desarrollar es un esquema de inteligencia, de investigación, que la extorsión no necesariamente requiera doble denuncia, ya que se denuncia una vez y lo tienen que ratificarse, sino que se persiga de oficio», dijo.

«Para que se proteja aquella persona que es víctima de una situación de extorsión. Estamos revisando acciones diversas para poder disminuir este delito y vamos a seguir trabajando en ello, porque primero es nuestra obligación, nuestro deber y, además, pues tenemos que reducir el delito».

El 25 de febrero, REFORMA publicó que los exportadores ya pagan un «arancel criminal», antes de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera imponer tarifas a México.

Productores de berries, aguacates, limones, maíz y jitomates, quienes están expectantes ante posibles aranceles de EU, ya pagan desde hace años en México otro «impuesto»… a los grupos criminales.

En la Tierra Caliente, en Michoacán, los cobros a limoneros dejan a grupos como «Los Viagras», «Caballeros Templarios» o al CJNG alrededor de 30 millones de pesos semanales, y los aguacateros deben pagar hasta 2 mil 500 pesos al crimen por hectárea de parcela, aunado a otra cuota impuesta a los empacadores.

Si los agricultores no ceden a las presiones, les cortan el agua, les queman producciones, les roban tractores o les cierran caminos para que no muevan sus mercancías.

El domingo se conoció que 30 empacadoras de limón en Apatzingán, Michoacán, se encuentran cerradas desde la semana pasada ante las extorsiones y el asedio del crimen organizado.

Una fuente del gremio confirmó el cierre indefinido de las empacadoras e indicó que la violencia contra los agricultores se recrudeció.

«Exigen dos pesos por kilo de extorsión al limón», apuntó.

Esta mañana, la Presidenta aseguró que continuarán los operativos del Gobierno federal en la zona.

«Se está trabajando mucho con los limoneros, la Secretaría de la Defensa Nacional y ha habido, incluso, detenciones recientemente y vamos a seguir apoyando», manifestó.
De acuerdo con expertos consultados por REFORMA, la inseguridad, el crimen organizado, la falta de financiamiento y el cambio climático son los factores que afectan la productividad del campo.


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