San Luis Potosí mantiene un rezago estructural en materia de salud al registrar que más de la mitad de su población se encuentra fuera de los esquemas de seguridad social, lo que ha obligado a los servicios públicos estatales a absorber la atención médica de un amplio sector de la población en medio de limitaciones presupuestales.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 51.6 por ciento de la población en la entidad no es derechohabiente, lo que equivale a un millón 456 mil 628 personas que dependen directamente de la red estatal de atención médica.
Este escenario coloca presión directa sobre el sistema de salud local, que además enfrenta una brecha importante en inversión, ya que San Luis Potosí se ubica en el lugar 25 a nivel nacional en gasto destinado al sector, reflejando un desfase entre la demanda de servicios y los recursos disponibles para su operación.
La infraestructura estatal está conformada por 184 unidades de primer nivel de atención y 94 unidades médicas tipo brigada, así como ocho hospitales básicos comunitarios, cuatro hospitales generales, un hospital materno infantil, una clínica psiquiátrica y un hospital de alta especialidad, además de centros especializados en adicciones, salud mental y enfermedades crónicas.
En paralelo, el modelo de IMSS Bienestar amplía la cobertura con 208 unidades médicas rurales, 22 brigadas de salud, nueve unidades móviles, seis hospitales rurales y cinco centros de atención obstétrica, principalmente en zonas de difícil acceso.
Sin embargo, pese a esta red institucional, persisten retos en la capacidad operativa, la suficiencia de personal y el acceso efectivo a servicios, lo que mantiene la presión sobre un sistema que atiende a más de la mitad de la población sin seguridad social en la entidad.
