Defiende Congreso actuación en seguridad pese a señalamientos por sitios sin procesar en SLP

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El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aseguró que el Poder Legislativo ha cumplido con sus atribuciones en materia de seguridad y atención a la desaparición de personas, pese a los señalamientos de colectivos de búsqueda sobre la existencia de múltiples sitios con indicios que permanecen sin procesar.

“El gobierno del Estado está trabajando… como Congreso lo que está en nuestras manos lo hemos hecho”, declaró el legislador, al defender el desempeño del órgano legislativo frente a las críticas.

Sobre los señalamientos realizados por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Badillo Moreno sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar los presuntos sitios de exterminio denunciados en distintas regiones, al ser la instancia responsable de la indagatoria.

En relación con la concentración de estos puntos en la Zona Media y el Altiplano potosino, el diputado reconoció que la situación es preocupante, aunque centró su respuesta en la necesidad de fortalecer a las policías municipales, al considerar que son el primer contacto con la ciudadanía y quienes conocen la realidad local.

En ese sentido, insistió en mejorar la capacitación, certificación y proximidad social de estas corporaciones como una medida clave para atender la problemática.

No obstante, el propio legislador admitió limitaciones dentro del Congreso, al señalar que las restricciones presupuestales han frenado acciones más concretas. “Se atoró por el tema presupuestal… hay una unidad sin presupuesto”, reconoció, al tiempo que indicó que la labor legislativa se ha centrado en solicitar informes y emitir exhortos a las dependencias correspondientes.

El posicionamiento del Congreso se da en un contexto de presión creciente por parte de colectivos de búsqueda, que han denunciado la existencia de sitios con indicios sin procesar, lo que mantiene el debate sobre la capacidad institucional para atender la crisis de desapariciones en la entidad.

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