Después de una investigación de ocho años, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la justicia federal una audiencia para imputar y solicitar la vinculación a proceso de Emilio Zebadúa González, su testigo colaborador y presunto artífice de la Estafa Maestra por el delito de enriquecimiento ilícito.
Autoridades federales informaron que esta semana la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de la FGR ejerció la acción penal contra el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
La dependencia judicializó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002222/2017, que instruye la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por personas Servidoras Públicas y Contra la Administración de Justicia de la FECOC.
De momento, el Centro de Justicia no ha fijado fecha para la audiencia de imputación y es muy probable que sea agendada a partir de la próxima semana, cuando se instalen en sus cargos los nuevos jueces de control que fueron electos en los pasados comicios judiciales, según lo informado.
Al ex funcionario le imputan enriquecimiento ilícito, un delito que conforme a la reforma del artículo 19 constitucional que entró en vigor el pasado 1 de enero tiene prevista la prisión preventiva de oficio, es decir, impide llevar un proceso fuera de prisión.
Sin embargo, debido a que los hechos que le imputan habrían sucedido cuando fue servidor público -de 2012 a 2018-, esta regla no será aplicable a Zebadúa. Lo anterior no quiere decir que, de considerarlo necesario, un juez de control le pudiera imponer la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.
En mayo pasado, REFORMA informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sucesora de la Función Pública, inició un procedimiento y citó a declarar a Zebadúa para que aclarará inconsistencias en sus declaraciones patrimonial y de intereses de 2018, cuando era Oficial Mayor de la Sedatu.
«En su carácter de servidor público faltó a la veracidad en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses en sus modalidades de modificación 2018 y conclusión 2018, respectivamente, con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio, que no fue justificable; cuyo monto total asciende a la cantidad de 899 mil 625 pesos», se lee en el citatorio.
Zebadúa es señalado como el «cerebro» de la llamada «Estafa Maestra», un mecanismo mediante el cual, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedatu y la Sedesol suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.
De acuerdo con diversos testimonios, Zebadúa y su equipo de colaboradores falsearon las firmas de ex funcionarios para justificar los desvíos de dichas dependencias.
Desde el sexenio de Peña Nieto y principios del de Andrés Manuel López Obrador, Zebadúa era uno de los principales blancos en las investigaciones y de hecho la FGR pretendió imputarlo penalmente en la primera audiencia en la que compareció Rosario Robles y por la que luego quedaría presa en 2019.
Sin embargo, el ex Oficial Mayor neutralizó todo intento de la Fiscalía para llevarlo ante la justicia, pues una y otra vez los jueces federales le dieron suspensiones para que no pudiera solicitarse orden de aprehensión o citatorio para una audiencia inicial en su contra.
Finalmente, el 19 de octubre de 2020 entró por su propio pie a la sede central de la FGR, que en ese entonces se encontraba en la Glorieta de Insurgentes, con una declaración por escrito con la que negoció un criterio de oportunidad.
Es decir, negoció su inmunidad penal a cambio de delatar a otros supuestos implicados en los desvíos de la Estafa Maestra.
En ese testimonio, afirmó que parte del dinero de la Estafa sirvió para pagar campañas de promoción personal de Peña y la propia Robles, quien fue su jefa en Sedatu y en la Secretaría de Desarrollo Social.
También afirmó que al menos 702 millones de pesos se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral de Alfredo del Mazo por la Gubernatura del Estado de México y para la promoción presidencial hacia 2018 de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación.
De hecho, su declaración fue utilizada para conseguir una orden de aprehensión contra Rosario Robles y otros de sus ex colaboradores por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Si bien el beneficio de inmunidad penal sólo es aplicable en la carpeta de investigación en la que rinde un testimonio, Zebadúa tenía diversas indagatorias y la FGR tampoco procedió en su contra con esos expedientes, justificando que le había otorgado esa prerrogativa.
Con el cambio de sexenio, ese trato se acabó.
La FGR no hizo nada que no hubiera hecho antes en el caso de la Estafa Maestra. En noviembre de 2020, la Fiscalía solicitó y consiguió la orden de aprehensión contra José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez y María de la Luz Vargas, ex funcionarios a quienes también les había dado el beneficio de testigos colaboradores en una indagatoria diversa.
